David Lametti, fiscal general de Canadá, presentó un proyecto de ley para penalizar las protestas antivacunación contra hospitales y clínicas.
Esto tras el aumento en el acoso a médicos y enfermeras durante la pandemia.
Las enmiendas propuestas al código penal del país convertirían en un delito punible utilizar el miedo para impedir que trabajadores de la salud cumplan con su labor o que una persona acceda a centros de salud.
La pena, en caso de que se apruebe el proyecto de ley, sería de hasta 10 años de prisión.
Piden penalizar manifestaciones
«Todos hemos visto las protestas durante la pandemia, incluso esta semana», dijo el fiscal general en conferencia de prensa.
Señaló que «los negacionistas del covid intentan evitar que los niños reciban vacunas que pueden salvar vidas».
El miércoles, los niños canadienses de entre 5 y 11 años de edad comenzaron a recibir las dosis contra el corononavirus.
La medida fue anunciada después de que Ottawa aprobó la vacuna Pfizer para ese grupo etario.
Lametti llamó a los manifestantes que «intimidan, acosan o amenazan a profesionales de atención médica, trabajadores de apoyo y usuarios» a que cesen las protestas.
«Este tipo de comportamiento es aborrecible e inaceptable», expresó, «especialmente en un momento en que el acceso a los servicios de salud es más crítico que nunca».
Katherine Smart, presidenta de la Asociación Médica Canadiense, afirmó que el año pasado fue testigo de «una desafortunada escalada de odio», incluso violenta, contra médicos y enfermeras en sus lugares de trabajo.
Los resultados preliminares de la encuesta nacional de salud de médicos de 2021 de la asociación revelaron que tres de cada cuatro médicos habían experimentado «intimidación y acoso en el lugar de trabajo».
Mientras que uno de cada tres dijo que eso sucede con regularidad.
Las profesionales mujeres dieron cuenta de significativamente más amenazas que sus homólogos hombres, agregó Smart.