La Fiscalía peruana allanó este martes viviendas de dos colaboradoras de la líder opositora Keiko Fujimori, responsables del área contable de su partido Fuerza Popular.
José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato, recibió la autorización del juez para buscar e incautar algunos documentos que, según reveló un testigo a la Fiscalía la semana pasada, fueron sacados irregularmente.
Los mismos salieron de la sede del partido en diciembre de 2017 cuando esta fue registrada por el Ministerio Público.
Las viviendas registradas son las de Giannina Delgado y Rocío Pardo-Figueroa, trabajadoras de confianza de la entonces tesorera del partido, Adriana Tarazona, hoy bajo arresto domiciliario.
De acuerdo con las declaraciones de ese testigo, habrían recibido órdenes de resguardar esa documentación.
Allanamientos
Las autoridades entraron sin problemas en la residencia de Delgado. Sin embargo, al llegar a la casa de Pardo-Figueroa, se encontraron con que la casa había sido abandonada «la semana pasada».
Pardo-Figueroa apareció en la puerta de la vivienda y anunció que ella no reside allí hace seis meses. Que iba a presentar a la Fiscalía documentación con su nueva dirección y justificantes de que hace tiempo que no vive allí.
En contexto
Todo este proceso forma parte de la investigación contra Fujimori, en prisión preventiva desde octubre de 2018, por el delito de lavado de activos.
Fujimori habría incurrido en ese delito al intentar ocultar el dinero irregular recibido, entre otras fuentes, de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales.
«Se ha solicitado esta medida al tomar conocimiento quiénes serían las dos personas que sustrajeron la documentación que era necesaria. Con lo cual, se evidencia que la investigación se ha estado obstruyendo», apuntó el fiscal a la prensa.
Esta acción de la Fiscalía se produce apenas 24 horas antes de que se realice una nueva audiencia, para que la Corte Suprema tome una decisión sobre un recurso de casación presentado por Fujimori para lograr su libertad.
Dos de los jueces de la sala se mostraron a favor de mantener a la líder opositora encarcelada por 36 meses.
Solo un sexto miembro del tribunal se pronunció a favor de liberar a Fujimori.