La justicia suiza anunció este lunes que archivó la investigación sobre los bienes del rey emérito español Juan Carlos I en ese país, entre ellos unos 100 millones de dólares girados por Arabia Saudita.
En un comunicado, la fiscalía de Ginebra indicó que la instrucción «no permitió establecer de manera suficiente un vínculo entre el monto recibido de Arabia Saudita y la conclusión de contratos sobre la construcción de un tren de alta velocidad» en ese país en 2011.
Los gastos judiciales, de 200.000 francos suizos (unos 216.000 dólares, 192.000 euros), correrán de todos modos por cuenta de los acusados, entre ellos el ex jefe de Estado español (1975-2014).
El 6 de agostos de 2018, la justicia suiza abrió una causa penal por «blanqueo de dinero agravado» tras la publicación de informaciones de prensa según las cuales el rey emérito habría percibido comisiones ilegales en el marco de contratos públicos obtenidos por empresas españolas.
En particular, las sospechas de centraban en un contrato obtenido por compañías de su país para la construcción del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca.
La instrucción permitió establecer que Juan Carlos I efectivamente recibió el 8 de agosto de 2008 la suma de 100 millones de dólares de parte del ministerio de Finanzas de Arabia Saudita en una cuenta de la fundación Lucum abierta en el banco Mirabaud de Ginebra.
El procedimiento también mostró evidencia de otros giros recibidos por el rey emérito o Corinna Zu Zein-Wittgenstein, su examante, de varios millones de dólares, «procedentes de Kuwait y Baréin», según la fiscalía.
En junio de 2012, la cuenta de la fundación Lucum fue cerrada y su saldo, unos 65 millones de euros, fue transferido a una cuenta en Bahamas de una empresa propiedad de Corinna Zu Zein-Wittgenstein.
Tras la instrucción, la fiscalía suiza halló que «el recurso a una fundación, así como el domicilio fiscal de las empresas por parte de los diferentes protagonistas, demostraba una voluntad de disimulación».
Investigaciones en España
Juan Carlos I, de 83 años de edad, abdicó en 2014 en favor de su hijo Felipe VI, a raíz de una serie de escándalos que comenzaron en 2012 con una cacería de elefantes en Botsuana adonde viajó acompañado por Zu Zein-Wittgenstein, una empresaria danesa divorciada de un príncipe alemán del que conservó el apellido, aunque también se la conoce por su nombre de soltera, Corinna Larsen.
Cercado por las revelaciones en la prensa sobre su presunta fortuna opaca, el rey emérito se exilió en agosto de 2020 a Emiratos Árabes Unidos y es objeto de tres investigaciones en su país.
La fiscalía española, que comenzó sus diligencias en diciembre de 2018, ha prorrogado su trabajo por seis meses más a partir del 17 de diciembre.
La primera línea de investigación busca determinar si cobró comisiones por el tren de alta velocidad en Arabia Saudita.
La fiscalía contó en este apartado con la información del fiscal suizo Yves Bertossa. La versión oficial es que los 100 millones de dólares girados fueron un regalo de un monarca a otro.
De todas maneras, los fiscales necesitan hallar delitos posteriores a 2014, ya que hasta su abdicación el rey emérito contó con inviolabilidad ante la justicia.
La segunda línea de investigación, abierta hace dos años, tiene que ver con el posible uso del antiguo jefe de Estado de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de un empresario mexicano y un coronel del Ejército del Aire.
Y la última, iniciada hace un año, busca información sobre un posible trust vinculado a Juan Carlos I en la isla de Jersey.
Ante la presión, el antiguo monarca realizó dos regularizaciones fiscales por unos 5 millones de euros (5,66 millones de dólares) desde finales de 2020 por rentas no declaradas en varios ejercicios fiscales, para intentar evitar las indagaciones.
Debido a la proliferación de informaciones de prensa sobre su padre, el rey Felipe VI se distanció de él y en marzo de 2020 le retiró su asignación anual, de unos 200.000 euros (231.690 dólares), y renunció a la herencia de su padre.
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