Los fiscales generales de 23 estados norteamericanos, encabezados por Minesota, dirigieron este viernes una carta al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, criticando su petición a todos sus subordinados de que investiguen supuestas irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales. Calificaron sus acciones de «interferencia» en el proceso electoral.
«Reconocemos y apreciamos el importante papel del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en algunos casos de persecución de fraude electoral. Sin embargo, estamos alarmados por que haya revertido la larga trayectoria política del Departamento de Justicia que ha servido para facilitar esa función sin permitir que se interfiera en los resultados electorales o se cree la apariencia de una participación política en los comicios», asegura la misiva.
Alteración del equilibrio
Los fiscales de casi la mitad de los 50 estados del país subrayan que con la directiva enviada el lunes por Barr se «amenaza con alterar ese equilibrio clave, con efectos potencialmente corrosivos en los procesos electorales que forman parte de nuestra democracia».
Insisten en que en las últimas cuatro décadas ha recaído en los fiscales estatales, y no en los federales, la responsabilidad de supervisar el proceso electoral.
En un memorando publicado el lunes, Barr expresó: «Autorizo a investigar denuncias sustanciales de irregularidades en el voto o en la tabulación del voto antes de la certificación de las elecciones en sus jurisdicciones en ciertos casos, como ya he hecho yo en instancias específicas».
«Dichas investigaciones y revisiones pueden realizarse si existen denuncias claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, podrían potencialmente afectar el resultado de una elección federal en un estado concreto», añadió.
Con esa orden, Barr puso a los fiscales federales al servicio de la estrategia de Donald Trump, quien no ha reconocido su derrota en los comicios de la semana pasada frente al presidente electo, Joe Biden, y denuncia sin pruebas un fraude electoral de grandes dimensiones.
Sin pruebas
«Si ha habido fraude en el proceso electoral, los perpetradores deben ser llevados ante la justicia. Estamos comprometidos a ayudar a lograrlo. Pero, hasta ahora, no han surgido acusaciones plausibles de mala conducta generalizada que podrían impactar en el resultado en ningún estado o justificar un cambio en la política del DOJ» dicen los 23 firmantes.
Por su parte, la fiscal de Nueva York, Letitia James, una de las firmantes de la queja, subrayó que «este cambio de política no es más que el último recurso de una administración saliente para aferrarse desesperadamente al poder y extender el caos en nuestro proceso electoral».
«La gente ha hablado, y Joe Biden y Kamala Harris han sido elegidos presidente electo y vicepresidenta electa de Estados Unidos. Esta elección fue justa y segura. Los intentos del presidente y del fiscal general Barr de dividir a los estadounidenses y de sembrar dudas en nuestras elecciones es antipatriótico. Esto no se quedará sin respuesta», zanjó la fiscal demócrata neoyorquina.