La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, fue incluida en la investigación fiscal abierta por lavado de dinero. El caso trata sobre la supuesta financiación ilícita cometida por el partido Perú Libre con la finalidad de costear las campañas electorales de varios de sus integrantes. Esto según informaron fuentes de la Fiscalía al diario El Comercio.
A Boluarte, que también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la imputaron por haber abierto a su nombre una cuenta bancaria. Principalmente para recaudar donaciones que ayudasen al líder del partido, Vladimir Cerrón, a pagar la indemnización por corrupción con que lo condenaron.
Además de Boluarte, otras 11 personas también quedaron imputadas en el mismo caso. Entre ellas el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Grajeda. Quien compartía la cuenta bancaria con la actual vicepresidenta.
Vicepresidenta de Perú incluida en investigaciones por lavado de dinero
De acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz de la Fiscalía (delator premiado), esa cuenta bancaria recibió supuestamente dinero de sobornos. Cobrados por la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno regional de Junín, en poder del marxista partido Perú Libre.
Ese dinero recaudado a partir de los cobros ilícitos recibidos por la irregular expedición de licencias de conducir también se utilizaron aparentemente para financiar las campañas al Congreso de varios militantes de Perú Libre.
La administración a cargo de Perú Libre en la céntrica región de Junín también obligaba presuntamente a sus trabajadores temporales a aportar 100 soles (unos 25 dólares) mensuales a la cuenta abierta por Boluarte y Grajeda. Esto bajo amenaza de no renovar sus contratos.
El fiscal a cargo del caso, Richard Rojas, sospecha que Boluarte pudo haber incurrido supuestamente en «actos de lavado de activos que hayan tenido como objetivo financiar indebidamente su campaña política».
Ya en julio Boluarte explicó que abrió esa cuenta bancaria como secretaria de economía de Perú Libre y a solicitud de Cerrón. Esto para recaudar donaciones solidarias de los militantes que quisieran ayudarle la reparación civil de la condena que se le impuso por corrupción cuando ejercía de gobernador regional de Junín.
Desde esa cuenta se transfirieron 15.709 soles (unos 4.000 dólares) a la cuenta personal de Cerrón. Lo que supone una pequeña porción de los 850.000 soles (unos 215.000 dólares) a los que fue condenado el líder de Perú Libre por un delito de negociación incompatible.
Esta condena, que incluye una pena de cuatro años de prisión suspendida, fue la que dejó a Cerrón fuera de las elecciones presidenciales. En su lugar se postuló el maestro y líder sindical del magisterio peruano Pedro Castillo. El mismo acabó convirtiéndose en el presidente de Perú al ganar los comicios.