La fiscal general de Florida, Ashley Moody, interpuso este viernes una acción legal contra la Administración del presidente Joe Biden por su respuesta al «manejo de la crisis migratoria en la frontera sur» y en relación con los «inmigrantes ilegales que llegan» a este estado sureño.
La demanda tiene lugar después de que fiscales de Florida presentaran recientemente cargos por asesinato a un inmigrante ilegal hondureño que mató a un hombre en la ciudad de Jacksonville, en el noreste del estado, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Se trata de Yery Noel Medina Ulloa, un hondureño indocumentado de 24 años que cruzó la frontera haciéndose pasar como menor de edad, que fue arrestado en octubre pasado y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado tras acuchillar a Francisco Javier Cuéllar, de 46 años.
Cuéllar, padre de cuatro hijos, había tomado a su cargo al indocumentado y presuntamente lo recogió en Jacksonville, adonde llegó en un vuelo procedente de Texas, estado en el que Medina había permanecido acogido en un albergue para menores inmigrantes.
Crisis migratoria
La demanda de la Fiscalía fue presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional de EE UU (DHS), el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
«Las políticas federales de inmigración tienen consecuencias reales en la vida de los floridanos. Necesitamos saber cómo y por qué la Administración Biden está eligiendo atrapar y liberar («catch and release») inmigrantes ilegales, enviando a muchos a vivir a Florida», indicó la fiscal republicana.
Florida ya había entablado una demanda contra la Administración del presidente de EE UU, Joe Biden, por la práctica de «catch and release», que consiste en dejar en libertad a los indocumentados detenidos tras cruzar la frontera y son considerados de bajo riesgo, como menores de edad, familias o solicitantes de asilo, mientras esperan sus audiencias de inmigración.
Moody indicó que ya había agotado todas las vías no contenciosas para obtener respuestas, pero que, «dado que la Administración Biden se niega a ser transparente con el pueblo estadounidense», no tenía otro recurso que «llevar este asunto a los tribunales».
A principios de octubre pasado, Moody comenzó a solicitar información pública a los organismos ahora demandados sobre el cumplimiento de ciertas leyes federales de inmigración.
De acuerdo con la ley federal, según el comunicado de la Fiscalía de Florida, los acusados debían responder a tales solicitudes en el plazo de 20 días, con una extensión de 10 días, pero dos de las agencias federales nunca respondieron y otras dos pidieron una prórroga.
Por ello, Moody pide en la demanda que establezca una fecha límite para que se proporcione la información.