El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, prohibió este lunes utilizar órdenes o citaciones judiciales para forzar a los periodistas a revelar sus fuentes, salvo limitadas excepciones, revirtiendo la política tras revelaciones de esfuerzos de esta naturaleza liderados por el gobierno de Donald Trump.
«El Departamento de Justicia ya no utilizará el proceso legal obligatorio con el fin de obtener información o registros de miembros de los medios de comunicación relacionados con sus actividades de recopilación de noticias», escribió Garland en una directiva a los fiscales federales.
La nueva regla también se aplica a la difusión de información clasificada, dijo.
Sin embargo, hay algunas excepciones: si se sospecha que el periodista ha cometido un acto ilegal, por ejemplo, tráfico de información privilegiada, o ha utilizado un método prohibido, como la intrusión en sistemas protegidos; o si es para evitar la comisión de un hecho grave, como secuestros o atentados.
Para asegurar que la medida perdure en el tiempo, Garland también solicitó a sus servicios que revisen todas las normas relacionadas con los periodistas con el fin de promover la aprobación de una ley en el Congreso.
New York Times y CNN
Esta directiva del gobierno demócrata de Joe Biden se produce luego de la revelación de una batalla legal librada en secreto por la administración de su antecesor Trump para obtener los correos electrónicos de los reporteros del New York Times con el fin de identificar sus fuentes.
La cadena CNN también informó que el gobierno del entonces presidente republicano había buscado y obtenido en secreto los registros telefónicos y de correo electrónico de uno de sus corresponsales.
En Estados Unidos, la filtración de información confidencial es ilegal y los fiscales federales podrían emitir órdenes de registro para rastrear la fuente.
Gobiernos republicanos y demócratas han emitido citaciones contra periodistas en el pasado.
Después de un escándalo en 2013, la administración demócrata de Barack Obama creó nuevas reglas e impuso la necesidad de obtener luz verde de altos funcionarios del Departamento de Justicia para cualquier mandato contra periodistas, pero sin renunciar a la práctica.