La fiscal Cecilia Incardona se opuso al pedido de la defensa para que los tripulantes del avión de Emtrasur, 14 venezolanos y 5 iraníes retenidos en Argentina por posibles vínculos con el terrorismo internacional, recuperen sus pasaportes y sean autorizados a dejar el país.
Ahora el juez de la causa, Federico Villena, deberá decidir.
El dictamen de Incardona, al que accedió La Nación, sostiene que faltan medidas de prueba, que no está claro que sea cierta la versión de que los tripulantes venían en un vuelo de instrucción y que todavía no se logró acceder al contenido total de los teléfonos celulares de los 19. Por eso, entendió la fiscal, hay “peligro procesal”; es decir, un riesgo para el avance de la causa si se autoriza la salida del país de los pasajeros del avión.
Incardona tuvo en cuenta también que ni Venezuela ni Irán extraditan a sus ciudadanos; con lo cual, en caso de dejar la Argentina y regresar a sus países de origen sería muy difícil volver a traerlos si así lo demandara el avance de la causa.
La fiscal consigna en su dictamen que la causa investiga si la tripulación se encuentra “vinculada a algún tipo de actividad o grupo terrorista, o bien si sobrevolaron y aterrizaron en el país con alguna finalidad delictiva” y sostiene que si bien la investigación se está haciendo con esfuerzos para avanzar con “celeridad y eficacia”, eso no se pudo todavía acreditar ni descartar.
“La sospecha inicial derivó de ciertos indicios que se agudizaron, principalmente con la información recibida posteriormente por parte del FBI”, dice Incardona. Y relata: “Ante la gravedad de la hipótesis, en apenas seis semanas de investigación se realizaron cientos de medidas de prueba que permitieron esclarecer algunos aspectos, otros, en cambio, aún permanecen inciertos”.
Está pendiente obtener el resultado de “varias medidas sustanciales”, afirma la fiscal. “A pesar de los esfuerzos investigativos para cumplir este objetivo con celeridad y eficacia, la complejidad de la investigación, de la prueba producida y a producirse, impide por el momento pronunciarse acabadamente sobre los hechos investigados”, advierte.
Incardona dice que la orden de prohibir la salida del país de la tripulación se debió a “una especial circunstancia” motivada “por la singularidad de este caso”, en el que ″se inició una investigación compleja y en el mismo momento debieron dictarse las medidas cautelares, justamente por encontrarse las personas sospechadas en nuestro país transitoriamente”.
La fiscal separa en su dictamen el análisis de la situación de los 5 iraníes, por un lado, y de los 14 venezolanos, por el otro. Dice que es respecto a los iraníes sobre quienes cayeron las principales sospechas -sobre todo por la información del FBI-. Pero en todos los casos se pronuncia por que siga vigente, sin plazo determinado, la prohibición de que los 19 dejen el país.
Los iraníes, principales sospechosos
En el capítulo referido a los cinco iraníes, para sostener la restricción, Incardona afirma que “los fenómenos criminales como el terrorismo y la delincuencia organizada presentan especiales características” y dice que para combatirlos “no es suficiente esclarecer y sancionar hechos delictivos concretos, sino que la investigación debe dirigirse a desmantelar la posible organización delictiva antes de que ocurran”.
“El objetivo es identificar la estructura de la organización, no solo cuando ya se han cometido concretos hechos delictivos, sino incluso cuando la organización está en fase de formación con el fin de preparar actos terroristas u otros delitos graves”, sostiene. La fiscal reconoce que no se demostró que la tripulación tuviera fines terroristas, pero dice que falta el resultado de medidas “de relevancia” y que no es posible “descartar plenamente la hipótesis de esta acusación”.
Incardona insistió en que una investigación como la de este caso requiere tiempo. “La identificación de una estructura criminal organizada, de sus miembros, de sus colaboradores, de sus métodos, de sus mecanismos de financiación y blanqueo, de sus conexiones internacionales e incluso de sus relaciones con el poder político, requiere de medios humanos altamente profesionales y elevados recursos económicos, también de tiempo. La duración de estas investigaciones se extiende en el tiempo debido a su propia complejidad”.
Entre las medidas pendientes destaca que “aún no se recibió la información que se le requirió, en reiteradas oportunidades, a las autoridades de Estados Unidos, Paraguay y Uruguay”, que “tampoco culminó la tarea solicitada a las fuerzas especializadas en nuestro país, quienes se encuentran analizando el contenido de la evidencia digital secuestrada en poder de las personas investigadas” y que eso impide comparar, por ejemplo, lo que hay en los teléfonos con la documentación hallada en poder de los investigados. “Hay que tener en cuenta, además, las barreras idiomáticas que complejizan y lentifican la traducción e interpretación de las comunicaciones que mantenían los ciudadanos iraníes entre sí y con otras personas”, advierte Incardona.
La fiscal reconoce que “el avance del caso no depende de la actividad que realicen” los tripulantes del avión, pero dice que son extranjeros “que no tienen arraigo ni residencia” en la Argentina y que “el único modo de juzgarlos” es, entonces, “asegurando su presencia” en el país.
“En definitiva -sostiene-, frente al peligro procesal de que las personas no se sujeten al proceso penal y con ello se impida el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley penal, el remedio de la prohibición de salida del país se presenta, de momento, equilibrado”.
Los venezolanos y las dudas sobre la “instrucción”
Sobre los 14 venezolanos, la fiscal dice que “persiste fuertemente la interrogante sobre si parte de la abultada tripulación venía en vuelo de instrucción”, tal como lo sostuvieron.
Según ella, no se encontró “absolutamente ningún registro, en formato papel o digital, de la supuesta instrucción” que se estaba brindando en el vuelo 3531. Y a eso se suma que “no hay en el expediente ninguna credencial ni documento habilitante de los pilotos (ni de nacionalidad iraní, ni venezolana) que los certifique como instructores, y menos aún ningún documento como instructores específicos de vuelo de un Boeing 747-300″.
La fiscal reconoce que ya se revisaron todos los dispositivos electrónicos de los 14 venezolanos y que no se encontró “ningún indicio ni evidencia de que hayan participado y/o colaborado en actividades relacionadas con actos de preparación de alguna actividad delictiva”, pero dice que “aún no se logró analizar la prueba en su conjunto (es decir, la de todos los celulares entrelazados)”.
Incardona se queja en este tramo de su dictamen de la escasa colaboración brindada por Paraguay y Uruguay. De Uruguay dice que no respondió los pedidos. De Paraguay, que dijo “tener información relevante que aún no aportó” a la causa y que lo que sí envió “no alcanza mínimamente para responder” los interrogantes de la fiscalía.
El futuro del avión
El avión, mientras tanto, seguirá retenido en Ezeiza. Villena ordenó su secuestro y el pedido de Emtrasur para que se lo devuelvan está atado a una serie de medidas de prueba todavía pendientes, dijeron fuentes judiciales. En su dictamen de hoy, Incardona advierte que “oportunamente” se expedirá sobre esta solicitud y recuerda que el tema del avión “se está dirimiendo” en otra parte (otro “incidente”) del expediente.
Sí fue entregada en cambio la carga del avión. Esta semana, el juez respondió a una consulta de la Aduana y dijo que no había motivos para que las autopartes siguieran retenidas.