Un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua de aumentar en forma exponencial las violaciones de los derechos humanos el último año, al presentar este jueves un informe que llama a reforzar las sanciones internacionales contra Managua.
El reporte del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua afirma que el gobierno del presidente Daniel Ortega perpetra «abusos y crímenes» para «eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social».
«El gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas», declaró el Grupo, al reiterar expresiones del informe presentado hace un año.
Sin embargo, «la situación ha empeorado» el último año debido a la «consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del Estado», en especial del poder judicial, en manos de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, agrega.
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«Durante 2023 ha habido un aumento exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo», según el documento.
«El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional», afirmó el presidente del grupo de expertos, Jan Simon.
El grupo de expertos es independiente y fue creado en 2022 por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas contra el gobierno de Ortega, cuya represión dejó 355 muertos y cientos de detenidos (opositores, líderes sociales, empresarios, periodistas).
«Espiral de silencio»
El informe destaca que la represión a toda oposición real o imaginaria «se ha vuelto más sutil», y apunta en especial «a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas».
El 9 de febrero de 2023 el gobierno de Ortega excarceló a 222 presos políticos, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad, acusándolos de «traidores a la patria». Una semana después, les retiró la nacionalidad a 94 disidentes en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
Hace una semana, Ortega justificó el despojo de la nacionalidad a estos 316 nicaragüenses que envió al exilio, al acusarlos de «traidores» y «vendepatria».
Un obispo, monseñor Rolando Álvarez, fue también encarcelado y despojado de su nacionalidad en 2023, pero prefirió la cárcel al exilio. En enero pasado fue excarcelado, junto a otros 16 sacerdotes y dos seminaristas, y enviados a Roma bajo un acuerdo con el Vaticano.
Asimismo, más de 3.500 oenegés, muchas de ellas religiosas, han sido clausuradas en Nicaragua desde 2018 y sus bienes han pasado a manos del Estado. Igual suerte han corrido universidades católicas, la Cruz Roja y la asociación de Boy Scouts.
«El gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial», afirmó Simon.
«Medidas inmediatas»
El informe sostiene que «niños y niñas han sido violentados» por actividades u opiniones de sus padres o familiares, y las «deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua han resultado en la separación» de muchas familias.
«La centralización del poder no sólo garantiza la impunidad de los perpetradores, sino que también socava los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas. El gobierno se ha asegurado de permanecer en una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder», afirmó la experta Ariela Peralta.
Además, «la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua, dados los efectos de la privación de su nacionalidad y personalidad jurídica, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular», dijo la experta Ángela Buitrago.
«El efecto sobre la población nicaragüense es devastador. Al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional le tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos recuperar todo lo perdido», expresó Simon.
Ortega, de 78 años y en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condena de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria.
El grupo instó a la comunidad internacional «a tomar medidas inmediatas, en particular ampliando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos».
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