Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos cuestionaron hoy la modificación de una ley en Perú para sancionar con fuertes multas el alquiler de viviendas a migrantes irregulares y señalaron que la vivienda es «un derecho humano de todas las personas, independientemente de la nacionalidad y la condición migratoria».
«Las personas migrantes y refugiadas, como cualquier otra persona, deben estar protegidas frente a los desahucios y tener acceso a una vivienda que les permita vivir con dignidad», indicaron en una declaración conjunta difundida en Ginebra el relator sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, y el experto en derechos de los migrantes, Felipe González Morales.
Señalaron que se estima que en Perú hay más de 650.000 personas sin estatus formal de residencia y que muchas de ellas se quedarían sin hogar si se multa a los propietarios que les proporcionan alojamiento.
«Albergar a un gran número de personas migrantes y refugiadas en Perú es un reto, pero criminalizar a las y los propietarios que alquilan alojamiento a personas migrantes indocumentadas empeorará aún más la situación», indicaron.
Añadieron que la medida también afectará a miles de familias peruanas que dependen de los ingresos que obtienen por esos alquileres.
Los expertos recordaron que el año pasado habían advertido que esa reforma legislativa no se ajustaba a los tratados internacionales de derechos humanos.
«Instamos al Tribunal Constitucional de Perú a que garantice que en el país se respeta el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, sin discriminación alguna», dijeron los expertos.