Un tribunal argentino determinó este miércoles la excarcelación del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, encarcelado preventivamente por presunta corrupción desde finales de 2017 y que en los últimos tres meses estaba en prisión domiciliaria, confirmaron a Efe fuentes de su defensa.
El Tribunal Oral Federal 1 dispuso su liberación en una causa en la que De Vido, ministro de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), está acusado de presunto fraude multimillonario en un proyecto minero en la localidad de Río Turbio.
«No se advierte la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, conforme la etapa procesal que se encuentra transitando este proceso penal», establece el fallo judicial facilitado a Efe.
El TOF 1 también fundamentó su decisión de permitir a De Vido aguardar en libertad el juicio en su contra por sus problemas de salud y su edad, 70 años, razones por las que en diciembre lo beneficiaron con el arresto domiciliario.
Con esta decisión, de los más importantes rostros del kirchnerismo acusados de corrupción, solo queda en prisión el ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por cohecho pasivo y otros delitos; y el ex secretario de Obras Públicas, José López, a quien en 2016 hallaron in fraganti cuando escondía millones de dólares en un convento.
La libertad de De Vido pendía de una causa
El 12 de diciembre, solo dos días después de que Fernández volviera al gobierno, esta vez como vicepresidenta de Alberto Fernández, la justicia había dispuesto que De Vido quedara libre en un caso en el que se investigan presuntos sobornos de empresarios de la obra pública a ex funcionarios kirchneristas, en el que, al igual que la ex presidenta, está procesado.
Pero aunque dejó el penal de la localidad bonaerense de Ezeiza, siguió bajo prisión domiciliaria por estar acusado en la causa de Río Turbio.
Si bien en octubre de 2018 De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por fraude al Estado en relación con la llamada Tragedia de Once, en la que hubo 51 muertos en 2012 por el choque de un tren en Buenos Aires, esa sentencia todavía no es firme.
Cuando lo encarcelaron en 2017, el ex ministro se desempeñaba como diputado, pero la Cámara Baja lo despojó de sus fueros a petición de la justicia tanto por la causa de Río Turbio como por el supuesto pago de sobreprecios en la compra de gas licuado durante su tiempo de ministro, aunque en este caso se dictó más adelante la falta de mérito.
Nueva modalidad de prisión preventiva
Las últimas decisiones respecto a la situación de De Vido se dan después de que entraran en vigor -a mediados de noviembre- nuevas pautas para regular las restricciones a la libertad durante procesos judiciales, en el marco del nuevo Código Procesal Penal, presentado por el gobierno del anterior presidente, Mauricio Macri (2015-2019).
Un acusado solo puede estar en prisión preventiva cuando exista peligro de fuga o pueda entorpecer la investigación. De Vido siempre se consideró un preso político.
También a la propia Cristina Fernández, que el 10 de diciembre asumió como vicepresidenta del país hasta 2023, reitera desde hace tiempo que es víctima de una persecución judicial impulsada por Macri e igualmente en su caso se dieron en las últimas semanas novedades judiciales a su favor.
Polémica por si hay «presos políticos»
Desde que los Fernández llegaron al gobierno, tras ganar a Macri en las elecciones de octubre pasado, se ha dado una polémica dentro del oficialismo sobre si hay «presos políticos» en el país.
Mientras que el presidente insiste en que lo que hay son detenciones arbitrarias, voces como De Vido lo cuestionan.
«El preso político, técnicamente, es el preso que está a disposición del poder político, sin causa. Yo no tengo ningún preso sin causa. No tengo a nadie a disposición del Poder Ejecutivo nacional. Obviamente me molesta que me digan que tengo presos políticos, porque no los tengo», dijo Fernández hace un mes.
Con todo, y convencido de ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial y a la utilización política de la justicia, el mandatario anunció el 1 de marzo un proyecto de reforma judicial que afectará a los juzgados federales.
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