El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este martes que es víctima de una «brutal guerra jurídica» orquestada por el mandatario Luis Arce, después de que la Fiscalía solicitara su detención por un caso relacionado con el presunto abuso de una menor durante su gobierno.
Morales se encuentra resguardado con sus partidarios en el Trópico de Cochabamba, una de sus bases políticas, y su abogado, Nelson Cox, confirmó a la AFP que no se entregará a las autoridades. La Fiscalía imputó a Morales por el delito de «trata de personas agravado» y solicitó una orden de prisión preventiva por seis meses en una cárcel pública.
«Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal guerra jurídica ejecutada por el gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a Estados Unidos», escribió Morales en su cuenta de X. Insiste en que la investigación es parte de un plan del gobierno para acabar con su carrera política, a pesar de que fue inhabilitado para postularse nuevamente a la presidencia.
Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU.
Al igual que muchos presidentes izquierdistas de América Latina, se inventan delitos en mi contra; no…— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 17, 2024
Denuncia a Evo Morales
La investigación se origina en un presunto acuerdo entre Morales y los padres de una adolescente de 15 años de edad, en el contexto de un escándalo que se remonta a 2015. En ese momento, se alega que el expresidente tuvo una hija con la supuesta víctima en 2016. Aunque la acusación inicial incluía el delito de «estupro», el Ministerio Público no hizo más pronunciamientos al respecto.
La defensa de Morales sostiene que el caso que ahora se investiga ya fue archivado en 2020. El abogado Marcelo Galván comentó que «nadie puede ser procesado por los mismos hechos dos veces» y demandó la nulidad del procedimiento actual. Además, Nelson Cox advirtió sobre el posible riesgo de enfrentamientos si las autoridades intentan ejecutar la orden de captura en medio de las tensiones en la región.
Morales denunció también lo que considera una campaña de difamación en su contra, mencionando un supuesto atentado a su vida por parte de fuerzas de seguridad. «El gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares que buscan eliminarme política y moralmente, e incluso físicamente», aseguró.
Complicaciones del caso
La situación se intensificó tras la orden de captura emitida el 16 de octubre, coincidiendo con bloqueos de carretera organizados por sus seguidores que demandan el para de la persecución judicial contra su líder. Según la fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, se decidió no ejecutar la orden de arresto anteriormente debido a preocupaciones acerca de la seguridad de los funcionarios involucrados.
A pesar de la tensión, el abogado de Morales afirmó que el exmandatario «sigue en Cochabamba, sigue en Bolivia, sigue públicamente», y participará en un evento partidario este miércoles para conmemorar el aniversario de su primera victoria electoral.
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