Miles de catalanes tomaron el centro de Barcelona tras la detención de 13 miembros del gobierno regional, que busca organizar un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia, mientras el presidente catalán acusó a Madrid de imponer de facto un estado de excepción.
Frente a la dependencia de Exteriores del Ejecutivo catalán, manifestantes rodearon y golpearon un auto de la Guardia Civil. “Fuera las fuerzas de ocupación”, gritaban algunas personas que exigían votar en el referéndum del 1 de octubre, pese a haber sido prohibido por el Tribunal Constitucional.
“Ya son 13 detenciones y 22 registros”, informó un portavoz de la Guardia Civil.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia indicó que un juez de instrucción ordenó los registros de la jornada, 41 en total, entre ellos el de la CUP, partido separatista de extrema izquierda, aliado del gobierno regional.
El presidente catalán, el independentista Carles Puigdemont, afirmó que con sus acciones el Estado español impuso de facto un estado de excepción e insistió en convocar a los catalanes a votar en la consulta frente a un régimen represivo e intimidatorio.
El jefe del gobierno, Mariano Rajoy, confirmó que Madrid controlará el presupuesto de la administración regional de Cataluña, y aseveró: “El gobierno central está cumpliendo con su obligación y el Estado de Derecho funciona”.
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