La mayoría de las mujeres que ingresaron en los dos últimos años en el Centro de Internamiento de Extranjeros en Madrid, mientras se tramita su expulsión del país al estar en situación irregular en España, procedían de América Latina, según un estudio de la organización no gubernamental Mundo en Movimiento publicado el jueves.
El perfil de las 62 mujeres que ingresaron durante 2021 y 2022 en el centro, uno de los 7 que existen en España, responde principalmente al de trabajadoras sexuales, procedentes en su mayoría de países de América Latina, con familiares a su cargo y que llevaban más de 6 años en España.
El informe Represión y encierro. Análisis interseccional de la violencia en el internamiento de personas extranjeras analiza el procedimiento de expulsión e internamiento de las 62 internas en el módulo de mujeres del centro, en el que había además 915 hombres, acompañado de denuncias por parte de algunas de ellas de haber sufrido abusos durante su detención, internamiento y posterior deportación o liberación.
El motivo del internamiento en 69% de estas mujeres era hallarse en situación administrativa irregular, 90% desempeñaba una actividad económica, al menos 2 tercios tenían familiares a su cargo y la mayoría procedían de países de América Latina, 65%, y de Europa del Este, 19%.
El análisis detalla que 53% se dedicaba al trabajo sexual, 19% eran empleadas del hogar y los cuidados, 8% se dedicaba a la venta en la calle, 5% eran jornaleras, 8% estaban desempleadas y 5% se encontraba en situación de calle, sin hogar.
Para la ONG, el hecho de que más de la mitad de las internas fueran prostitutas ya es en sí suficientemente ilustrativo acerca de quién está en el punto de mira del Estado para ser internada y deportada.
Al menos 68% de las mujeres relató que en el centro sufrió violencia, tanto por trato degradante o vejatorio, negación de derechos o denegación de asistencia, como por agresiones físicas y psicológicas.
El informe indica que al menos 45% tenía problemas de salud mental diagnosticados antes de su internamiento y por lo menos 79% confirma que el encierro tuvo efectos negativos sobre su estado.
Al menos 38 pidieron asilo desde el centro, de las que 14 peticiones fueron admitidas a trámite, con lo que fueron puestas en libertad, «pero el Estado, lejos de reconocer proactivamente su error al haberlas encerrado o de repararlas por el perjuicio que les ha causado al privarlas de libertad sin haber tenido en cuenta sus circunstancias vitales, simplemente les pone en la puerta y se desentiende», reprocha el informe.
68% fueron liberadas y el tiempo medio de internamiento fue de 26 días, cuando el máximo que pueden permanecer es de 60.