Acusado de reaccionar tarde y mal a la crisis de los “chalecos amarillos”, el gobierno francés defendió su gestión de la situación ante la Asamblea Nacional en una sesión que introdujo en el hemiciclo las reivindicaciones del movimiento contestatario.
El primer ministro, Edouard Philippe, compareció un día después de haber decidido congelar durante seis meses la subida de impuestos al combustible y las tarifas de la electricidad y el gas, para asegurar que ha escuchado la rabia de los franceses y ha actuado en consecuencia a la espera de hallar las soluciones adecuadas.
“Si no las encontramos, no restableceremos esos impuestos. Estas decisiones tienen como objetivo devolver la serenidad al país”, indicó convencido del rumbo marcado desde la llegada al poder en mayo de 2017.
El gobierno quiere emprender en los próximos meses un debate nacional sobre el ritmo de la transición ecológica, la necesidad de alternativas al trayecto de casa al trabajo y la bajada de los impuestos.
“No debemos legar a nuestros hijos una deuda incontrolable”, advirtió Philippe en una sesión acalorada, en la que el voto final de los diputados no es vinculante.
El primer ministro admitió que tal vez las medidas aplicadas han sido “insuficientes o demasiado técnicas”, y reconoció que ha llegado la hora de entablar “un verdadero diálogo sobre las preocupaciones de los franceses”.
Los mismos que llevan tres semanas echándose a las calles, bloqueando carreteras y autopistas del país, primero para reclamar la suspensión del impuesto al carburante, pero después para denunciar su empobrecimiento.
“El verdadero responsable está en el Elíseo. Es él quien, llegado el momento, deberá rendir cuentas ante los franceses”, señaló el jefe del grupo conservador Los Republicanos, Christian Jacob, que criticó el actual mutismo del presidente Emmanuel Macron y que este haya dejado en manos de Philippe las explicaciones.
Jacob confió en que esta crisis sirva para “abrirle los ojos” al mandatario.
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