La Eurocámara activó el examen del suplicatorio de la justicia española para levantar la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont y a otro independentista catalán.
Esta demanda busca desbloquear su extradición a España. La activación se efectuó este jueves.
«Las autoridades españolas se han dirigido al presidente de nuestra institución para solicitar el levantamiento de la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín», anunció Ewa Kopacz, vicepresidente de la Eurocámara.
Puigdemont y Comín se marcharon a Bélgica a finales de octubre de 2017 para esquivar a las acciones judiciales por el intento de secesión de Cataluña. No obstante, la justicia española no desfallece en su intento de juzgarlos.
La Comisión de Asuntos Jurídicos debe ahora estudiar los expedientes y presentar una propuesta al pleno sobre aceptar o rechazar la petición. La decisión necesita mayoría simple.
«Nuestra biografía demuestra que no damos nada por perdido», aseguró este lunes Puigdemont preguntado por el suplicatorio. Aseguró que ya tienen la estrategia a seguir.
Del «banco» al «banquillo»
La crisis de España luego del intento fallido de independencia de Cataluña en 2017 se trasladó a la Eurocámara con la entrada de Puigdemont y Comín.
«De la misma manera que queremos dejar trabajar a la justicia, también queremos trabajar por esa solución política», se limitó a decir este martes la jefa de filas de socialistas, Iratxe García.
El Partido Popular, primer partido de la oposición a Sánchez, urge a los socialistas a votar a favor. Puigdemont les instó a rechazarlo en coherencia con su voluntad de diálogo.
«La cuenta atrás para ver a Puigdemont y Comín cambiando el banco de eurodiputado por el banquillo de los acusados ha empezado», dijo el eurodiputado liberal español, Luis Garicano.
La inmunidad parlamentaria garantiza que los parlamentarios no puedan ser buscados, detenidos, ni procesados por sus votos o declaraciones en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, no quiere decir que no puedan serlo por otros hechos.
Las autoridades competentes deben pedir al Parlamento que levante su inmunidad, proceso que puede durar varios meses.
En la pasada legislatura, de las 54 solicitudes se retiró la inmunidad en 50 casos; 3 de ellos fue por declaraciones como eurodiputados y en el cuarto sobre una eventual persecución de la justicia contra el diputado.
En una carta de presentación el lunes, los dos independentistas catalanes describieron sus quejas sobre la justicia española.
«La agenda política de la jerarquía del Poder Judicial español representa las reminiscencias del franquismo, una anormalidad democrática, un ataque a nuestra libertad y una perversión de sus funciones que socava su imparcialidad», aseguraron.
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