El pleno del Parlamento Europeo condenó este jueves el «intento de golpe de Estado» en Guatemala y las maniobras del Ministerio Público para invalidar el resultado de las últimas elecciones y pidió que el presidente electo, Bernardo Arévalo, sea investido el próximo 14 de enero.
En una resolución aprobada con 432 votos a favor, nueve en contra y 39 abstenciones, el pleno denunció el intento de golpe de Estado sobre la base de «acusaciones infundadas de fraude», indicó en un comunicado la Eurocámara.
Los eurodiputados rechazaron todas las acciones de algunas autoridades del país que «conculcan manifiestamente la Constitución guatemalteca, el Estado de derecho, la integridad del proceso electoral y los principios más fundamentales de la democracia, incluida la separación de poderes».
Además, subrayaron que la misión de observación electoral de la UE en los comicios guatemaltecos determinó que fueron transparentes y estuvieron bien organizados, «sin hallar ningún motivo para alegar fraude».
La resolución parlamentaria insta a las autoridades y en particular a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso y el presidente del país, Alejandro Giammattei, a tomar medidas para proteger el orden constitucional y el Estado de derecho y a asegurar que se respeta la voluntad de los ciudadanos guatemaltecos expresada en las urnas.
Igualmente, la Eurocámara instó a que los responsables de la obstrucción democrática rindan cuentas.
Para ello, solicitó al Consejo de la Unión Europea (los países) que adopte sanciones —prohibición de viajar y congelación de activos— contra la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cacul, el juez Fredy Raúl Orellana, la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo, y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Avila, entre otros.
El Parlamento Europeo acusa a estas personas de socavar el proceso electoral e instrumentalizar sistemáticamente la justicia para debilitar el Estado de derecho y criminalizar a la oposición.
Finalmente, la Eurocámara mostró su preocupación por la detención arbitraria de fiscales, jueces, antiguos funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y periodistas independientes como José Rubén Zamora.
En ese contexto, instó a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, así como la desestimación de todas las acusaciones penales infundadas.
Arévalo, líder del partido progresista Movimiento Semilla, se impuso en los comicios del pasado 20 de agosto con 58% de los votos, tras un proceso electoral marcado por una fuerte judicialización e intervenciones de la Fiscalía en su contra.
El pasado 12 de julio el Ministerio Público guatemalteco inició una serie de acciones judiciales contra Arévalo y su partido y, a los pocos días de su triunfo electoral, el presidente electo denunció que se estaba impulsando un «golpe de Estado» en su contra junto con «otros actores corruptos» para evitar que ocupara el cargo.