Estados Unidos señaló este lunes en su informe anual sobre derechos humanos (Human Rights Reports) al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la desacreditación a periodistas y activistas de organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias de prensa diarias.
El documento, elaborado por el Departamento de Estado relativo a 2022 y que reúne datos de 198 países, vuelve a expresar preocupación por los altos niveles de impunidad en México y por la violencia perpetrada por el crimen organizado.
Sobre la situación de la libertad de prensa en el país, recoge que 15 periodistas fueron asesinados el año pasado. Además, que 11 de esos crímenes estuvieron relacionados con su labor.
Estados Unidos considera que los altos niveles de impunidad en estos crímenes generan autocensura y reducen la libertad de expresión y de prensa.
«Los periodistas pueden criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general sin restricciones», recoge también el informe. Añade que «políticos, incluso el presidente López Obrador, los desacreditaron públicamente para presentarlos como parciales, partidistas y corruptos».
Persecución no solo a periodistas
Sobre los defensores de derechos humanos, el documento también destaca que el presidente López Obrador reprendió a grupos de la sociedad civil en sus conferencias de prensa matutinas.
El informe destaca que el crimen organizado perpetra crímenes violentos en México como homicidios, torturas, secuestros, extorsiones y tráfico de personas.
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«El gobierno investigó y persiguió algunos de esos crímenes, pero la mayoría permanecen sin investigar», sostiene el Departamento de Estado.
También destaca la colusión de criminales y autoridades en algunos crímenes que a menudo quedan impunes.
Estados Unidos mira atentamente la migración
El informe recoge reportes de ataques contra migrantes y solicitantes de asilo. Tanto por parte del crimen organizado, como por policía y agentes migratorios en las zonas fronterizas y en los aeropuertos.
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El gobierno de Joe Biden destaca que México llevó a cabo esfuerzos para combatir las organizaciones que trafican con personas pero han dado resultados limitados.
Este reporte del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos para determinar la ayuda exterior que se concede a cada nación.
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