El gobierno estadounidense anunció este viernes sanciones contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y el exministro de Planificación Federal Julio de Vido por su «participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público».
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó en un comunicado que la medida emprendida por la administración de Donald Trump hace que tanto ellos dos como sus familiares inmediatos sean inelegibles para entrar en Estados Unidos.
La nota consideró que tanto Fernández como De Vido «abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino».
El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que «múltiples tribunales» han condenado a ambos por corrupción, «socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversionistas en el futuro de Argentina».
Today, I announced the designation under Section 7031(c) of former President of Argentina, Cristina Elisabet Fernandez de Kirchner, and former Argentine Minister of Planning, Julio Miguel De Vido, for their involvement in significant corruption during their time in public office.…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 21, 2025
«Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio. Estas sanciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en las más altas esferas del gobierno», concluyó Rubio.
Inhabilitación de Fernández
En noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó la condena a seis años de prisión e «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos» contra Fernández en una causa conocida como Vialidad, en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato y el de Néstor Kirchner (2003-2007).
La sentencia original contra la exmandataria, dictada en diciembre de 2022, marcó la primera condena penal en su contra y generó fuerte impacto político, aunque la dirigente peronista no ha estado detenida debido a que el fallo no es firme.
El 14 de febrero pasado presentó un recurso ante la justicia para que se revoque su condena, mientras que la Fiscalía argentina solicitó elevar la pena a 12 años al insistir en la acusación por asociación ilícita.
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