Oficialmente, el PSOE ya tiene su propia Gürtel. El volcado de los teléfonos móviles de Koldo García y el resto de presuntos miembros de la trama ha provocado un torrente de informaciones que, desde el miércoles a media tarde, tiene a los socialistas con el agua al cuello. Exactamente como les ocurría a los populares con la trama en torno al entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas. Y ahora es el PP el que está personado como acusación popular en la causa que instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, junto con Vox.
Para más inri, la investigación amenaza con dinamitar el Congreso Federal que los socialistas celebrarán entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre en Sevilla. Puesto que aún quedan muchos capítulos. Creyó Pedro Sánchez que adelantándolo casi un año sobre la fecha prevista tendría un paseo militar y se ha encontrado con conatos de rebelión en algunas comunidades y con el caso PSOE engordando con cada párrafo lapidario de la UCO.
En las últimas horas, el agua ha ido subiendo de nivel a medida que las grabaciones a los cabecillas han ido salpicando al propio José Luis Ábalos, pero también a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y hasta al propio Pedro Sánchez, a propósito de la visita de Delcy Rodríguez y del rescate a Air Europea.
Respecto al viaje de la vicepresidenta venezolana en enero de 2020, la UCO transcribe un mensaje de Ábalos a Sánchez que prueba que el presidente conocía su llegada desde cuatro días antes y la autorizó. El entonces ministro de Transportes le dijo que ella quería verle «discretamente». Esto desmiente la versión que entonces dio el propio Sánchez, según el cual Ábalos evitó una «crisis diplomática». Ahora la Moncloa sostiene que, inicialmente, Delcy Rodríguez iba a venir a España con motivo de Fitur, pero que cuando se enteraron de que tenía prohibida la entrada en la UE intentaron frenarla.
Y, por primera vez, ha aparecido la sombra de la financiación ilegal: un exsocio del empresario Víctor de Aldama, el conseguidor, declaró al diario The Objective que llevó a la sede de Ferraz 90.000 euros en efectivo en dos entregas realizadas en octubre de 2020. Lo hizo de parte de Aldama, a quien la UCO define como el «nexo corruptor».
Junto con ello, los últimos informes de los investigadores sostienen que la trama no solo tenía un único colaborador en la Guardia Civil, el comandante Rubén Villalba. Sino que corrompieron a varios agentes para que les proporcionaran teléfonos seguros, a salvo de posibles pinchazos policiales. Uno de ellos en poder del propio Ábalos. E, incluso, que fue el exdirector de la Benemérita Leonardo Marcos quien avisó a Koldo García de que lo estaban investigando, según la versión que da este último en los audios.
Como resultado, el PP decidió este jueves mover ficha y citó a declarar en la comisión de investigación del Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a su secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; al anterior director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos; al agente Rubén Villalba; y al exconsejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa, Javier Hidalgo. El primero en hacerlo será Marlaska, el 24 de octubre.
Públicamente, el gobierno y el PSOE decidieron dar la callada por respuesta mientras caían los titulares de la trama como cuchillos. Esta vez, Pilar Alegría no compareció para afirmar que se aproxima el archivo de la causa, como sí hizo el martes con el caso Begoña, después de que la Audiencia Provincial de Madrid respaldara la instrucción del juez Peinado.
Al ministro Ángel Víctor Torres le preguntaron por la inminente imputación de Ábalos -que es aforado ante el Supremo- cuando estaba en la sala de prensa de la Moncloa, donde daba cuenta de la ronda de reuniones de Sánchez con los presidentes autonómicos de Canarias, Aragón y Navarra, Fernando Clavijo, Jorge Azcón y María Chivite, respectivamente. Pero despejó el balón: «Hemos tenido conocimiento de una comunicación del juez al Congreso, no podemos decir más. Es al Congreso y desde el Gobierno no podemos decir más», respondió, bajando la vista hacia sus papeles.
El PP sí que habló. Se explayó. Su vicesecretaria de Educación y Sanidad, Ester Muñoz, señaló desde el Congreso que el «epicentro de la trama de corrupción» está en Ferraz, cuartel general de los socialistas. Y que el principal responsable es Sánchez; «el 1», como se refería a él Ábalos. «Es inaudito que después de todos estos meses, de toda la información publicada, de todas las investigaciones judiciales, de todo lo que está saliendo, no hayan dado ni una sola explicación ni una rueda de prensa para explicar y que la única explicación que dan es la mentira y el ataque», lamentó Muñoz.
Los socialistas siguen con preocupación el serial corrupto, sin más línea de defensa que la de que Ábalos dejó de ser miembro del Gobierno y de la cúpula del PSOE en julio de 2021. Y que tampoco forma parte del Grupo Parlamentario Socialista desde el pasado mes de febrero, cuando estalló todo. Pero necesitarán algo más en adelante. «Es como la suciedad que se te pega en el zapato y de la que ya no te desprendes. Les está pasando como a nosotros con la Gürtel», señala un miembro de la dirección del PP de forma gráfica.