El gobierno de España no ha respondido hasta ahora si el rescate de la aerolínea Plus Ultra es un pago encubierto al régimen de Nicolás Maduro, como ha sugerido el Partido Popular en una serie de preguntas, informó el diario Vozpópuli.
El 17 de marzo el PP envió una batería de preguntas a la Mesa del Congreso de los Diputados en la que cuestionan, además, la relación de la Plus Ultra con Conviasa, una aerolínea pública venezolana.
Recientemente el PP recibió las respuestas del gobierno, en las que no hablan acerca de la relación con Venezuela. «El transporte aéreo en España constituye un sector estratégico por su contribución al turismo, uno de los principales motores económicos del país. En este sentido, Plus Ultra es una aerolínea de nicho que opera vuelos de larga distancia a países de Latinoamérica (especialmente, Ecuador, Perú y Venezuela)», cita el diario Vozpópuli.
A inicios de marzo, Plus Ultra recibió 53 millones de euros a través del fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), destinado a ayudar empresas consideradas estratégicas para la producción española y su impacto. Se trata de una línea aérea que, de acuerdo con la Aena -la entidad pública encargada de la gestión aeroportuaria española- aporta menos de 1% de las conexiones aéreas.
Esta compañía opera vuelos de larga distancia entre España (desde Madrid y Tenerife) y tres países de Latinoamérica (Ecuador, Perú y Venezuela). Antes de su rescate, solo había hecho dos vuelos en 2021, uno en enero y otro en marzo, ambos a Venezuela. Cabe destacar que es la única aerolínea que ofrece vuelos directos entre Madrid y Caracas. Iberia y Air Europa siguen a la espera de recibir la autorización correspondiente para recuperar el tráfico en esa ruta.
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De acuerdo con Vozpópuli, casi la mitad de las acciones de Plus Ultra pertenecen a la sociedad Snip Aviation S.L., presidida por el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas, un empresario cercano a la órbita del presidente Nicolás Maduro, que ha estado en el punto de mira de la Asamblea Nacional del 2015 por un posible caso de corrupción.
Rodolfo José Reyes Rojas y Camilo Ibrahim fueron citados en 2018 por la Asamblea Nacional 2015 por «presunta corrupción» dentro de programas de ayuda social, los CLAP, junto con el colombiano-libanés Alex Saab, que permanece en arresto domiciliario en Cabo Verde, esperando un veredicto de apelación para su extradición a Estados Unidos.
El 22 de marzo Vox envío una proposición de ley al Congreso de los Diputados en la que pide que se anule la ayuda a la aerolínea Plus Ultra y que se devuelvan los 53 millones. PP, además, pidió crear una comisión de investigación sobre la ayuda de 53 millones que la SEPI ha concedido a la aerolínea Plus Ultra, pero fue rechazada.
Según el diario El Español, se abrió una investigación contra vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y resto de miembros del consejo de administración, por malversación de fondos públicos.
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