El Ministerio de Justicia de España solicitó a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación sobre las actividades de las agencias de los vientres en alquiler que operan en ese país, donde está prohibida la gestación subrogada.
El ministerio indicó este lunes que algunas agencias que ofrecen dichos servicios «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países», dando cabida, con ello, a la posibilidad de que se vulneren los derechos de las gestantes y muchas parejas hagan pasar por hijos suyos a niños nacidos sin relación genética alguna.
En enero, el Ejecutivo advirtió que quienes recurrieran a esa práctica tendrían dificultades para inscribir a los bebés en España por tratarse de algo prohibido. Un mes después decidió retirar la instrucción enviada a los consulados españoles en los países donde es un método legal para exigir una prueba de ADN que certifique que los menores eran hijos de padre español.
Dado que la legislación española declara «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero», muchas familias acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.
En España el tema de la gestación subrogada genera debate. El gobierno socialista en funciones se asegura de que se perseguirá a quienes trafican con los vientres y lo comparan con «la compraventa de niños». Los liberales de Ciudadanos consideran que recurrir a la gestación subrogada es un derecho y rechazan que se criminalice a quienes recurran a este método.
Para ello, hay que acreditar que no se puede tener un hijo de forma natural y el futuro padre viaja al país donde se va a firmar el contrato con la gestante.
Allí deja una muestra de semen con el que se fecundará un óvulo, ya sea de una donante o de la mujer de la pareja, y el embrión se implanta en el útero de la gestante, que previamente ha pasado pruebas médicas y psicológicas, y firma en el contrato que rechaza la filiación.
A través de esta práctica, que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación, se calcula que cada año llegan a España unos mil niños procedentes de varios países donde esta actividad sí está permitida.
Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Georgia y Sudáfrica son algunos de los lugares a los que los españoles han acudido para la gestación subrogada, prohibida en España desde 2006, aunque la legislación no la sanciona.