La titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid ha acordado llamar a declarar en calidad de investigados a 13 presuntos miembros de una red de policías y abogados que supuestamente ofreció servicios a excargos del Gobierno de Venezuela -algunos de ellos investigados en la Audiencia Nacional por delitos de blanqueo– a cambio de información de Podemos.
En una providencia de 29 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez Cristina Díaz Márquez ha fijado los interrogatorios para el próximo 6 de octubre en el marco del procedimiento que dirige por un presunto delito de estafa desde hace al menos un año. Según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia, los principales sospechosos fueron detenidos y puestos en libertad el pasado febrero.
La magistrada instructora ha acordado también la imputación de una treintena de empresas en calidad de personas jurídicas. En este caso aún no ha establecido cuándo se llevarán a cabo los interrogatorios a los representantes legales de las compañías investigadas.
Ofrecían «influencias»
De acuerdo a las pesquisas realizadas hasta ahora por las autoridades policiales, la red está conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar.
Los ahora acusados se habrían aproximado a varios venezolanos que estaban relacionados con actividades de blanqueo «con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales -Sepblac– o la propia Policía Nacional», para «solucionar los problemas» que tendrían por estar investigados.
Además de pedirles dinero a cambio de dichas «influencias», los miembros de la red policial también estaban «interesados» en que se les proporcionase «información sobre el partido político Podemos y sus posibles vínculos con Venezuela, entre otras informaciones».
La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción aseguró en un informe redactado en 2020 que la red recibió «millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas». Esta información fue facilitada a la juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto saqueo de fondos a Petróleos de Venezuela y el supuesto blanqueo de dicho dinero en España, ya que varios de los excargos venezolanos presuntamente estafados figuran como investigados en el denominado ‘caso Pdvsa’.
Fuentes cercanas a la causa han explicado a esta agencia que el informe forma ahora parte del sumario de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid contra la red policial por presuntos delitos de estafa y/o extorsión.
Según consta en el informe, al que también ha tenido acceso Europa Press, las vías de recepción de fondos por parte de los investigados «han sido variadas»: desde contratos y facturas ficticias, entregas en efectivo y utilización de medios de pago electrónicos anónimos. «Han tenido en común que estas han sido facilitadas por la organización criminal y han servido para la transferencia de fondos a España que tenían su origen en actividades de carácter ilícito», señalaron los agentes.
La red policial habría contactado, entre otros, al ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Ochoa Alvarado; a la extesorera y enfermera del presidente fallecido Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén; y al exjefe de Seguridad del mandatario bolivariano, Adrián José Velásquez Figueroa. Todos ellos han sido investigados por presuntos delitos de blanqueo; los últimos dos han sido extraditados a Estados Unidos.
13 investigados
Ahora, tras casi un año de investigación, la juez Díaz Márquez ha dado el paso para interrogar a los presuntos miembros de la red de estafa. El primero en comparecer será el abogado José Martín Aliste.
Según el informe de la Brigada Antiblanqueo, el papel desempeñado por Martín Aliste en la trama investigada consistió en «contactar con ciudadanos venezolanos vinculados a operativas de blanqueo de capitales para ofrecerles sus servicios» y «hacer valer su supuesta capacidad para influir en funcionarios policiales y de instituciones» para que «lograsen beneficios como la libre apertura de cuentas bancarias en España o la obtención de permisos de residencia o incluso la nacionalidad». Habría recibido «no menos» de 1,1 millones de euros.
El 6 de octubre también declarará Daniel Renuncio Mateos, policía municipal de Madrid. Luego será el turno de de su esposa, Concepción Valenzuela Sanza; y de Alberto Galán Fereres, un exmilitar israelí -que cuenta a su vez con la nacionalidad española– «vinculado a los servicios de información».
A la lista de investigados se suman David Barriguete Mendo, inspector de la Policía Nacional, y Noelia Serrano Ramos. También están citados Martín Rodil Álvarez, abogado estadounidense; José Manuel Betanzos Ibarra, que -según los informes policiales que obran en el procedimiento– es «miembro de la Policía Autónoma vasca jubilado y destinado en la Secretaría de Estado de Seguridad en el momento de los hechos»; y Guillermo Martínez Jiménez, funcionario de la Administración.
Esquema de blanqueo
La juez también pretende interrogar a Luis Fernando Vuteff García, abogado de varias sociedades presuntamente involucradas con la red; y a Ignacio Sánchez Cumba, investigado supuestamente vinculado a dichas mercantiles, y Ralph Steinmann, a quien las autoridades relacionan con una de las empresas investigadas. El último en declarar será José Vicente Amparan Croquer, investigado al que se le halló documentación relativa a la causa.
Según la Brigada Antiblanqueo, las operativas sospechosas de blanqueo de capitales realizadas en esta causa tuvieron lugar en el marco de «las estructuras de la organización criminal» vinculadas a Vuteff y Sánchez Cumba.
En el mismo informe, los agentes han asegurado que ambos habrían prestado un «servicio de blanqueo de capitales» –de la tipología denominada «compensación»– que consistía en contactar con «personas que tienen dinero en efectivo que necesitan bancarizar por vías ajenas al circuito legal» y con «personas que tienen la necesidad inversa, es decir, que disponen de fondos bancarizados en cuentas en el extranjero y necesitan disponer de los mismos en España a través de efectivo».