El Consejo de Ministros de España aprobó con meses de retraso la modificación del reglamento de extranjería que facilitará la migración «legal y ordenada» de los extracomunitarios a través del empleo, la formación y la reagrupación familiar.
Se trata de una medida celebrada por miles de extranjeros que, se calcula, viven en nuestro país sin papeles, pero también por los empresarios que llevan tiempo pidiendo la simplificación de los procedimientos a la hora de contratar extranjeros ante el problema de vacantes al que se enfrentan ciertos sectores.
Aunque estaba prevista que la reforma recibiera la luz verde del Consejo de Ministros en la primera mitad de 2024, las diferencias interministeriales han provocado el retraso hasta el mes de noviembre.
Se reforman plazos y trámites, se simplifican procedimientos, se eliminan duplicidades y se dan mayores garantías y rigor jurídico para adaptar la directiva europea. «Va a servir para combatir mafias, fraudes y vulneración de derechos», ha señalado la ministra Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Respecto a los visados, se crea un apartado específico, tanto para los de corta duración como para los de larga, para hacerlos más comprensibles. Se simplifican los procedimientos y se delimitan las competencias entre consulados y oficinas de extranjería. Por otro lado, se reduce la burocracia.
Las autorizaciones iniciales serán de un año y las renovaciones de cuatro años, mientras que la regulación del visado de búsqueda de empleo se amplía de tres a doce meses para facilitar que los extranjeros encuentran un perfil adecuado y las empresas encuentren a las empresas que necesitan.
Respecto a los arraigos, el nuevo reglamento incluye cinco modalidades: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y de segunda oportunidad. La novedad es que se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en España de tres a dos años, se flexibilizan los requisitos a cumplir y se habilita a trabajar por cuenta ajena y propia desde el primer momento.
«Con esta reforma podrán regularizarse, de media, 300.000 personas al año durante los próximos tres años», ha asegurado Saiz.
Además, los permisos para estudios se concederán por el tiempo que dure la formación, así que no será necesaria la renovación. Estos alumnos disfrutarán de un fast-track para acceder a una autorización de trabajo una vez que terminen sus estudios. Durante los estudios, además, estarán autorizados para trabajar un máximo de 30 horas semanales independientemente de la formación que estén cursando. Se refuerzan los requisitos y obligaciones de los centros de estudio «para que obtengan una formación digna y sean víctimas de fraudes».
En materia de empleo se introducen mejoras en las actividades de temporada vinculadas a la protección de los derechos así como las condiciones de habitabilidad y seguridad desde que salen país hasta que se dan de alta en el régimen de la Seguridad Social.
Las empresas dispondrán de más enfermedad de todo el proceso de contratación que se ha simplificado y flexibilizado para adaptarse a las necesidades concretas como la duración determinada o la gestión colectiva de contratación.
En cuanto a la reagrupación familiar, en caso de familiares de español, se tienen en cuenta «realidades» como parejas no registradas formalmente que puedan acreditar una relación o hijos hasta los 26 años. Se permite la reagrupación de hijos y progenitores de víctimas de trata, de violencia sexual o de género.