El canciller de España, Josep Borrell, criticó este lunes el ritmo de trabajo “demasiado lento” de la iniciativa lanzada por la Unión Europea con países latinoamericanos para tratar de encontrar una solución a la crisis en Venezuela.
“Está claro que Europa no tiene un sentimiento de urgencia, y la urgencia existe”, aseguró Borrell a su llegada a una reunión con sus pares de la UE en Luxemburgo, en la que abordarán el trabajo del Grupo de Contacto Internacional.
El 7 de febrero, en Montevideo, el grupo de contacto se dio 90 días para intentar sentar las bases de cara a una elección presidencial anticipada en el país, algo que Nicolás Maduro ya ha descartado.
A un mes de que finalice ese plazo, Borrell llamó a “acelerar” el trabajo del GCI, cuyo ritmo es “lento, demasiado lento”. “Los plazos que se fija la UE son excesivamente lentos para la urgencia y la gravedad de la situación”, recalcó.
En Venezuela, Juan Guaidó, el opositor presidente interino de Venezuela reconocido por más de 50 países, llamó el sábado a continuar las movilizaciones para entrar en la “fase definitiva del cese de la usurpación”.
Maduro urgió, por su parte, a México y a Uruguay a reactivar su propuesta de diálogo para una salida negociada al conflicto político, sin intervención extranjera, una iniciativa diferente a la lanzada por la UE con países latinoamericanos.
Fuera de Venezuela, Washington no descarta una acción armada en el país con la mayor reserva petrolera, mientras que Rusia, que acusa a Washington de organizar un “golpe”, envió en marzo aviones y soldados, de acuerdo con medios venezolanos.
El canciller español aseguró que la posibilidad de nuevas sanciones por la crisis “está sobre la mesa”, dependiendo “de cuál sea el comportamiento del régimen”, y las vinculó al respeto de la integridad de Guaidó.
La asamblea constituyente despojó el martes de su inmunidad a Guaidó, presidente del Parlamento venezolano controlado por la oposición, y autorizó al Tribunal Supremo de Justicia a enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones.
El GCI, que reúne a la UE, ocho países europeos, entre ellos España, y los latinoamericanos Uruguay, Ecuador, Bolivia y Costa Rica, tiene previsto reunirse de nuevo a principios de mayo en el país centroamericano.