El gobierno de España optó por rebajar la escalada de tensión abierta entre Caracas y Madrid y calificó como soberana la decisión de Nicolás Maduro de convocar al embajador español en el país y llamar a consultas a su representante en la capital española.
«Convocar a un embajador y llamar a consultas son decisiones soberanas de cada Estado y, por lo tanto, no hay nada que comentar», se limitó a decir el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en una entrevista con la cadena pública Radio Nacional.
Albares respondía así a la decisión de Maduro de llamar a consultas a su embajadora en España, Gladys Gutiérrez, y convocar al embajador español en Caracas, Ramón Santos, por lo que considera insolentes, injerencistas y groseras las declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles.
Robles calificó el jueves al gobierno de Nicolás Maduro de dictadura y se refirió a los venezolanos que han salido de su país como «víctimas de la restricción, de la violencia, de la falta de democracia y de la falta de libertad».
Comentarios sobre los que el gobierno español no se ha pronunciado, pero que han sido aplaudidos por la derecha porque son «la pura verdad», en palabras del dirigente del Partido Popular Esteban González Pons, que ha llegado a pedir la retirada del embajador español en Caracas.
El jefe de la diplomacia española insistió en la voluntad del Ejecutivo de buscar «las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela» y de velar por los intereses de la comunidad y las empresas nacionales en el país.
España velará por los intereses de sus empresas en Venezuela
Un mensaje de tranquilidad al que se sumó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que garantizó que el gobierno español «defenderá sus intereses en caso de que esto fuera necesario».
También el dirigente opositor venezolano Juan Pablo García se mostró convencido, en declaraciones a Efe, de que la crisis no se agravará porque «al régimen de Maduro no le interesa romper relaciones con España ni a España con Venezuela».
«La crisis diplomática no es más que una manera de desviar la atención de lo realmente importante, es decir, de la necesidad de que España reconozca a Edmundo González como presidente electo», dijo García, miembro de la dirección del movimiento Vente Venezuela (VV).
La escalada de tensión de Caracas con Madrid se produce después de que el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, recibió el jueves al excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que ha pedido asilo político en España.
Sánchez no reconocerá, por el momento, a González Urrutia como presidente electo de Venezuela, tal como ha pedido el Congreso español, que esta semana aprobó la propuesta a instancias del Partido Popular -conservador-, la ultraderecha y grupos nacionalistas.
Alineado con Bruselas, Sánchez insiste en que Maduro debe mostrar las actas de las elecciones del 28 de julio que, según la oposición venezolana acreditan la derrota del chavismo.
Derecha española aumenta la presión sobre Maduro
Desde su llegada a Madrid, el domingo, González Urrutia ha mantenido un perfil bajo, aunque ha multiplicado sus contactos políticos con encuentros como los mantenidos este viernes con los expresidentes Mariano Rajoy (PP) y Felipe González (socialista).
Mientras, desde las filas de la derecha española aumenta la presión para actuar contra Maduro: el PP confía en que la próxima semana el Parlamento Europeo reconozca a Edmundo González como vencedor de las elecciones y el ultraderechista Vox pide al gobierno el embargo de bienes de los miembros del régimen venezolano de Nicolás Maduro en España.
La presión internacional crece sobre Caracas tras las sanciones anunciadas el jueves por Washington contra 16 funcionarios, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Parlamento por proclamar falsamente a Maduro como ganador de los comicios de julio.
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