El gobierno de izquierda español presentó este martes un proyecto de ley que establece una baja médica laboral para las mujeres que sufren menstruaciones dolorosas, una medida inédita en Europa.
«Somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada integralmente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes», se felicitó la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una rueda de prensa al cabo de un consejo de ministros.
«La regla va a dejar de ser un tabú (…) Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó ‘empastillarse’ (tomar muchas medicinas) antes de ir al trabajo», dijo la ministra, perteneciente a la formación de izquierda radical Podemos, socio minoritario de los socialistas en el gobierno de Pedro Sánchez, que se reivindica feminista.
La ministra había indicado antes en la televisión pública que este permiso, que debe ser autorizado por un médico, no tendrá límite de días. Una versión preliminar del proyecto de ley difundida la semana pasada por los medios hablaba de un permiso de tres días prorrogable hasta cinco en caso de síntomas agudos.
El texto, que suscitó un debate dentro del Ejecutivo y de los sindicatos, deberá ser aprobado por el Parlamento, donde el gobierno es minoritario, para entrar en vigor.
Si obtiene la luz verde de los diputados, España se convertirá en el primer país en Europa, y uno de los pocos en el mundo, como Japón, Indonesia o Zambia, en legislar sobre esta materia.
Esta baja médica menstrual es una de las principales medidas de un proyecto de ley más amplio que prevé también reforzar el acceso al aborto en los hospitales públicos, donde se practican menos de 15% de estas intervenciones en el país debido a una objeción de conciencia masiva de los médicos.
También brindará la posibilidad a las menores a partir de los 16 años de abortar sin permiso de sus padres, eliminando ese requisito instaurado por un gobierno conservador en 2015.
El aborto en España se despenalizó en 1985 y luego se legalizó en 2010, pero la interrupción del embarazo sigue siendo un derecho difícil de ejercer en un país de fuerte tradición católica, donde los movimientos antiabortistas son muy activos.
El proyecto de ley prevé por otro lado el reforzamiento de la educación sexual en las escuelas, así como la distribución gratuita de la píldora anticonceptiva del día después en los centros de salud y de anticonceptivos en los colegios.