Colombia arrancó el 2023 con entusiasmo y optimismo ante el «cese bilateral» del fuego anunciado minutos antes de terminar 2022 por el presidente Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y grupos paramilitares, y que estará vigente desde hoy y hasta el 30 de junio.
Tras las primeras reacciones, entre ellas la del jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, este domingo líderes de la sociedad civil y políticos aplaudieron el paso que es un avance de la política de «paz total» del Gobierno, aunque por el momento no ha sido confirmado por los grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo destacó el cese el fuego con «grupos armados ilegales, entre ellos los que generan los mayores riesgos en las Alertas Tempranas». Aplaudió, además, «todos los gestos que permitan frenar las acciones armadas que afecten a la población civil».
«Desde nuestras 42 Regionales seguiremos acompañando a las comunidades más vulnerables en sus territorios para lograr la garantía de sus derechos humanos y estaremos atentos para verificar, en los diferentes territorios, que se cumpla con el cese de las acciones armadas por parte de los grupos armados ilegales», agregó la Defensoría en un comunicado.
Apoyo de distintos sectores
El líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, llamó a los grupos incluidos en el cese el fuego a «actuar con decisión y contundencia». «La paz demanda valor, osadía y heroísmo. Pero sobre todo, amor al pueblo», manifestó en sus redes sociales.
El exministro Juan Camilo Restrepo Salazar, quien fue jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, también celebró el anuncio pero indicó que «sigue dar plena claridad e información sobre cómo y quiénes verificarán dicho cese al fuego (…) para que no se vuelva burla».
Por último, el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González, celebró este «hecho extraordinario» que incluye a «más o menos 80 estructuras» de los grupos armados que han entrado en un cese bilateral.
«Eso tiene impacto en cerca de 350 municipios de Colombia«, aseguró González, y significa que «más de 15.000 efectivos en armas van a suspender las acciones de confrontación con la fuerza pública», añadió, para luego señalar que «lo importante» es que también se den «ceses multilaterales» entre estas organizaciones, algunas de ellas enfrentadas entre sí.
Cese el fuego
El cese el fuego, de seis meses de duración, será «prorrogable según los avances en las negociaciones». Este fue el anuncio de Petro poco antes de la medianoche del 31 de diciembre.
En total son cinco grupos los que anunciaron el cese el fuego: el ELN, el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los paramilitares de Sierra Nevada.
«Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad», indicó Petro en Twitter.
Desde que asumió Presidencia, el Gobierno de Petro defiende una política de «paz total» que ha logrado retomar las negociaciones con el ELN en Caracas.
«Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz. Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional. Que la paz sea entre nosotros. Feliz nuevo año», agregó el mandatario.
Según la información proporcionada por Presidencia el cese bilateral tendrá verificación nacional e internacional a cargo de la Misión de Verificación de la ONU. También de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.
Por el momento, «no se contempla el cese del fuego con otras organizaciones», agregó la Presidencia. El Gobierno hará una revisión de resultados de los procesos en ejecución y otros ceses unilaterales para tomar futuras decisiones.