Este jueves entra en vigor la primera ley de la Unión Europea (UE) contra la violencia machista, que armoniza las definiciones y penas de cárcel de este tipo de delitos en todos los países del club comunitario, pero que no tipifica penalmente la violación basándose en la falta de consentimiento.
La Comisión Europea (CE) propuso esta directiva en marzo de 2022 para dar respuesta al aumento de concienciación sobre la violencia de género y al calor del movimiento Me Too y, tras dos años de negociaciones, entra hoy en vigor, lo que implica que los Estados miembros tendrán un plazo de tres años para transponer la directiva a su legislación nacional.
La ley exige a todos los países de la UE criminalizar la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y varios tipos de violencia contra las mujeres en línea, como el ciberacoso o la publicación de material íntimo sin consentimiento de la víctima, delitos que se castigarán con penas de cárcel de entre uno y cinco años.
La directiva también contiene una lista de circunstancias agravantes, entre ellas, que el crimen se cometa contra menores, que se haga en el seno de la familia, el matrimonio o la convivencia, que se abuse de una posición de poder o que se cometa contra personas con discapacidad, periodistas o defensoras de derechos humanos.
Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo abogaron por tipificar la violación como delito basándose en la falta de consentimiento, como sucede ya en España a raíz de la ley del ‘solo sí es sí’, pero se toparon con la oposición de Francia y Alemania, que alegaron que no había una «base jurídica» suficiente en los tratados de la UE para legislar sobre ese crimen.
Pese a no tipificar como delito la violación, las nuevas normas sí obligarán a los Estados miembros a desplegar campañas que estén específicamente destinadas a concienciar de que el sexo no consentido se considera delito, y a promover cambios en los patrones de comportamiento arraigados en las relaciones de poder entre hombres y mujeres.
La ley también busca rellenar las lagunas de la puesta en práctica del Convenio de Estambul, un instrumento jurídico internacional contra la violencia machista, que entró en vigor el pasado octubre de 2023 en el conjunto del bloque, pero cuya implementación es muy dispar entre los socios europeos.
Con la entrada en vigor de estas normas, la Comisión Europea celebró en un comunicado que estas tipifiquen como delito la ciberviolencia, «una cuestión que urge abordar, dada la propagación exponencial y el dramático impacto de la violencia en línea» y que, reconoce, suele ser la razón por la que las mujeres abandonan la vida pública.
Así, la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, consideró que esta normativa «es un paso importante para la erradicación de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica», ya que ofrece una «respuesta exhaustiva a un problema omnipresente».