La figura de “entierro controlado” o “inhumación controlada” no existe en las leyes venezolanas. No hay alguna disposición legal que les impida a los familiares de una persona recibir, velar y sepultar según sus deseos a sus seres queridos. A lo sumo existe la disposición de una inhumación “inmediata” (por entierro o cremación) si hay un riesgo de descomposición del cadáver.
Un riesgo que en el caso del capitán de fragata Rafael Ramón Acosta Arévalo sería culpa del régimen venezolano, quien le aplicó la receta del entierro controlado que había ensayado con Óscar Pérez, el policía que se rebeló contra Nicolás Maduro en el año 2017 y que junto a seis compañeros fue acribillado por las fuerzas de seguridad venezolanas el 15 de enero de 2018 en una operativo bautizado “operación Gedeón”.
Existen algunos videos que muestran cómo Pérez, cercado en su escondite final, intentó negociar con quienes le asediaban, pero terminó asesinado, como sus compañeros, de un disparo en la cabeza.
El cuerpo de Óscar Pérez fue retenido seis días en la morgue por las autoridades venezolanas, quienes justificaban el retraso en la entrega a los familiares asegurando que realizaban pesquisas forenses e investigaciones. El 21 de junio y en un operativo relámpago llamaron a su tía y su prima –únicos familiares que se encontraban en Venezuela en ese momento– para que reconocieran el cadáver. Ambas pudieron ver solo la cara, ya Pérez estaba vestido.
Un fuerte dispositivo policial
En cuestión de minutos salió una furgoneta escoltada por policías hacia el cementerio del Este, donde cordones policiales y militares impidieron el paso a otros allegados y a la prensa. Nunca se le preguntó a la familia dónde querían enterrarlo, ya el espacio estaba dispuesto. Rápidamente fue depositado en la parcela 42A. La misa y las flores vinieron después. El párroco que ofició la misa debió salir del país después.
Ya había ocurrido algo similar con los compañeros de faena y de infortunio de Pérez, Abraham Agostini y José Díaz Pimentel, enterrados dos días antes que el policía en el mismo operativo, rápido y sin testigos más que un par de familiares. En ese momento, uno de ellos aseguró a la prensa, pidiendo reserva de su nombre, que “la familia en ningún momento dio autorización para el entierro arbitrario de los cadáveres de nuestros familiares ajusticiados por el régimen de Nicolás Maduro”. El resto de sus compañeros fueron enterrados en Zulia y Táchira en similares condiciones.
La receta aplicada al cuerpo de Acosta Arévalo, muerto a manos del régimen de Maduro el sábado 28 de junio de este año en la madrugada, solo excedió a lo ocurrido con Pérez en días y crueldad. No fue asesinado de un disparo en la cabeza, sino tras siete días de torturas que terminaron con una conclusión irrefutable: “Edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado”.
Su cadáver no estuvo seis días en la morgue, sino once. La misma llamada en la mañana del miércoles 10 de julio a sus familiares para informarles sobre una “entrega controlada” que en realidad fue un entierro exprés en un lugar previamente dispuesto, sin que la familia pudiera velarlo, rezarle o llevarlo al estado Aragua, donde realmente querían enterrarlo. El mismo reconocimiento rápido por parte de un familiar, esta vez su hermana María Acosta Arévalo, a quien dejaron ver solo el rostro, pues el cuerpo del capitán de corbeta –como aquella vez el de Pérez– ya estaba vestido.
Como si los muertos hablaran, a Acosta Arévalo, lo mismo que a Pérez, lo llevaron en una furgoneta negra, en volandas y escoltada por decenas de motorizados de la Policía Nacional Bolivariana al Cementerio del Este. La prensa fue mantenida aún más a raya que cuando Pérez, sin que alguna persona pudiera pasar la reja de la entrada. El ataúd del capitán de corbeta solo contó con la mirada de su madre, su hermana, su sobrina y su prima, entre decenas de funcionarios policiales, para recibir un adiós entrecortado y terminar al otro lado del mismo cementerio en el que está Óscar Pérez.
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