Un grupo de encapuchados atentó la noche del sábado contra un predio forestal de la empresa Arauco en la comuna de la Unión de la región de Los Ríos, 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile.
Según informaciones preliminares difundidos por medios locales, un grupo de al menos ocho desconocidos armados habrían ingresado a las dependencias de la empresa forestal e intimidado a sus trabajadores. Los sujetos procedieron a quemar infraestructura y vehículos de trabajo.
«Llegaron armados, el personal estaba en todas las labores de ducharse. Entraron al campamento, amenazaron a los trabajadores con armas, les dijeron que salieran y procedieron a quemar”, relató el empresario Jorge Jiménez a la radio local Biobío.
Ataque de encapuchados en Chile
Hasta el momento el atentado no lo ha reivindicado por ninguna organización. Tampoco hay información sobre su vínculo con el conflicto territorial que hace décadas se desarrolla en la zona sur del país.
Desde mayo a la fecha, rige en la zona un estado de excepción constitucional en toda la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío, zonas que desde hace meses sufren una escalada de sabotajes a maquinaria forestal, incendios a propiedades y viviendas, además de robo de madera y tiroteos.
Esta herramienta constitucional permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la «Pacificación de La Araucanía» y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.
En este marco, son frecuentes desde hace años los ataques incendiarios a maquinaria agrícola y predios, aunque en los últimos meses la disputa ha subido de intensidad y se han registrado además ocupaciones de edificios municipales y huelgas de hambre de presos indígenas.