Al menos 160 personas, la mayoría jóvenes, fallecieron en El Salvador bajo custodia de agentes de seguridad del Estado durante él régimen de excepción, implementado por el gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas, registró la organización humanitaria Cristosal en un informe presentado este lunes en San Salvador.
La abogada Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de derecho y seguridad de Cristosal, pfrecisó durante la presentación que es la primera vez que «se verifica y se documentan las muertes ocurridas al interior de los centros penales, es decir, bajo custodia del Estado».
Añadió que desde el 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023, Cristosal documentó 139 personas que han muerto bajo custodia estatal. «Aclaro que esto no significa que solo ellos han muerto, hay testimonios y evidencias que señalan que muchos fallecidos han sido enterrados en fosas comunes».
El precio de la seguridad en El Salvador
De las 139 muertes, de acuerdo con el informe, 4 son de mujeres y 46,3% de las personas fallecidas tenían edades entre 18 y 38 años.
Navas también señaló que el número de personas fallecidas aumentó. Cristosal documentó 153 casos hasta abril, y el pasado viernes 26 de mayo «se había verificado 160 personas muertas bajo custodia estatal».
El documento apunta que se identificaron patrones de muertes por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes. Se registraron cadáveres con laceraciones, hematomas que evidencias golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento y otros signos de tortura.
Indica que algunos reportes del Instituto de Medicina Legal (IML) consigna como causa de muerte la asfixia mecánica o por inmersión. En otros casos, la correlación de la causa de la muerte consignada y la condición que presenta el cadáver «no son congruentes», agregó.
En el documento se explica que para obtener la información, Cristosal realizó investigaciones de campo, incluidas fosas comunes, documentación fotográfica de los cuerpos y de esquelas del IML. También entrevistas a familiares, vecinos y conocidos de los fallecidos, y a personas que estuvieron detenidas.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó el 16 de mayo la decimocuarta prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022. Esto tras una escalada de los homicidios que ha dejado más de 69.000 detenidos.
Organizaciones humanitarias registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 «víctimas directas» de violaciones de derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.