En Chile, con motivo a la presentación de las últimas normas ingresadas a la Comisión de Sistema Político, la constituyente María Rivera (Coordinadora Plurinacional y Popular) presentó una norma que disuelve los tres poderes del Estado y crea, en su lugar, una «Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos».
«Nunca se ha podido discutir abiertamente esto porque el Estado de Chile desde su origen ha estado en las manos de los poderosos y bajo su absoluto control», aseguró Rivera.
«Muchos me van a decir que vengo a plantear ideas del siglo pasado, que vengo a traer el fantasma de la revolución rusa (…) sí, exactamente eso, yo vengo a esta Convención a reivindicar al pueblo trabajador, a quienes trabajan todos los días pero no tienen ninguna decisión en los rumbos del país. Nuestras ideas no son del pasado, sino del presente», aseveró.
La norma declara disueltos el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y crea en su lugar una «Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos», compuesta por 600 miembros electos mediante «asambleas de base por rama de sectores productivos y servicios, comunales, pueblos originarios y suboficialidad de las Fuerzas de Armadas». Según establece el texto, el sueldo de estas personas no podrá ser superior «al sueldo de un obrero calificado de la Gran Minería del Cobre».
Esta asamblea deberá tener como principio fundamental «la paz entre los pueblos y el rechazo a cualquier forma de anexión de territorios tradicionalmente ocupados por otros pueblos», y deberá asumir las funciones que actualmente cumplen el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial, además del mando de las Fuerzas Armadas.
La norma de Chile deberá recibir el apoyo de 103 constituyentes
También, la norma propone que «no tendrán derecho a voto en las Asambleas de Base los siguientes segmentos sociales: propietarios de gran empresa, tierras; banqueros y especuladores; la alta jerarquía de las iglesias; la oficialidad de las Fuerzas Armadas y orden y seguridad, y gerencias de grandes empresas».
El plazo de inicio de funcionamiento de la asamblea también está fijado en la norma: 30 días desde aprobada la nueva Constitución -si esta propuesta fuera incorporada-, se conformará un Comité Electoral Provisional compuesto por «60 representantes de la clase trabajadora y campesinos para definir las reglas generales específicas para las elecciones de cada Asamblea de base y la Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos».
La constituyente aclaró que, si bien su propuesta cuenta con el apoyo de otros seis convencionales de la Coordinadora Plurinacional y Popular y una de MSC, «no significa que ellos coincidan con ella, sino que quiero asumir la absoluta responsabilidad».
La norma ingresada por Rivera debe ser votada en general el jueves en la Comisión de Sistema Político, y si es aprobada en esa instancia, se abre un plazo para el ingreso de indicaciones y la votación en particular. Si fuera aprobada nuevamente, pasa al pleno, donde debe recibir el apoyo de 103 constituyentes para formar parte del proyecto de nueva Carta Magna.
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