Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia, tachó este jueves de incomprensible que el ELN secuestrara a una sargento y sus dos hijos de 6 y 8 años de edad mientras la guerrilla negocia la paz con el gobierno.
En vísperas de una tregua bilateral que se inició este jueves, los rebeldes guevaristas secuestraron a la familia mientras se desplazaba por una zona cercana a la frontera con Venezuela el 3 de julio.
«El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene que dar claras muestras de su voluntad de paz. Es incomprensible que el mismo día que el mando central expide un comunicado saludando y llamando a todos los miembros de esa organización a la suspensión de las operaciones ofensivas, ese mismo día esa organización criminal hubiera cometido hechos contra personas que se encontraban indefensas», declaró Velásque durante una visita al puerto de Buenaventura, en el Pacífico.
Diálogo con ELN desde noviembre
Velásquez abogó por la muy pronta liberación de la sargento y sus dos hijos, y recordó que el cese el fuego no impide a la fuerza pública continuar las operaciones contra las finanzas de la guerrilla, tampoco las labores de inteligencia.
Los mandos guerrilleros y el gobierno dialogan desde noviembre con miras a poner fin a seis décadas de conflicto armado. Las partes aspiran a ampliar la actual tregua y poner también fin a las extorsiones, los secuestros y otros crímenes a partir del 3 de agosto. El siguiente ciclo de conversaciones comenzará el 14 de agosto en Venezuela. El objetivo es desarmar a unos 5.900 combatientes.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó el secuestro de las tres personas, incluido un niño con discapacidad (autismo).
Control de una ruta de narcotráfico
La declaración de Velásquez se dio en medio de una visita al puerto de Buenaventura, golpeado por la violencia entre pandillas y narcos. Decenas de militares y policías custodiaban las barriadas donde días antes una veintena de hombres encapuchados y armados con fusil sembraron terror.
«(Vinimos ante) el riesgo que corre la población en virtud del enfrentamiento de bandas o actores armados que hacen presencia en las comunas, que muestra cuál es la situación de dificultad que atraviesa la población», declaró Velásquez.
Por la ciudad de unos 320.000 habitantes pasa 40% del comercio internacional de Colombia. Y es una codiciada ruta del narcotráfico hacia Centroamérica y México.
Como parte de su política de paz total, el gobierno izquierdista de Gustavo Petro media -entre Shottas y Espartanos- con las principales bandas delictivas de la ciudad para extinguir la violencia en el puerto. En septiembre las bandas firmaron una tregua.
Petro apuesta por una salida negociada al conflicto interno que siguió pese a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.
Guerrilleros, narcos, paramilitares y agentes estatales se enfrentan desde hace medio siglo en una sangrienta guerra que deja más de 9 millones de víctimas, la mayoría desplazados.