La Corte Suprema de EE UU dejó en firme la sentencia de una corte de apelaciones que ordena pagar una millonaria indemnización a tres contratistas de este país que fueron secuestrados por las FARC en 2003.
Los fondos para pagar la compensación saldrán de los activos de Samark López, un empresario venezolano considerado por la justicia de ese país como un testaferro de Nicolás Maduro, y quien había sido incluido en la Lista Clinton en 2017.
En principio, la indemnización autorizada por la corte de apelaciones es de 53 millones de dólares, pero podría alcanzar más de $ 300 millones si los estadounidenses vuelven a demandar al empresario. Reseñó El Tiempo de Colombia.
El caso se remonta al 2012, cuando un juez de la Florida ordenó pagarle a Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howe $ 318 millones de dólares como compensación por los 5 años de cautiverio en Colombia a manos de las FARC.
Los fondos debían provenir de esta organización guerrillera, que también está incluida en la Lista Clinton. Pero dado que las FARC no tiene activos en EE UU –o no pudieron ser detectados–, los contratistas no tenían de dónde recolectar la indemnización.
Esto cambió en 2018 tras la aprobación de la Ley de Aclaración Antiterrorista, que permite a las víctimas de grupos terroristas reclamar fondos previamente incautados por el gobierno de EE UU a estas organizaciones y sus colaboradores.
Eso les permitió a los estadounidenses ir tras la fortuna de López, que incluye una cuenta congelada con más de $ 269 millones, dos yates, un avión y propiedades en Miami. La teoría de sus abogados es que López tenía relación con las FARC a través de Tareck el Aissami, exvicepresidente de Venezuela y hoy ministro del Petróleo.
El Aissami también ingresó a la lista de sancionados en 2017.
La defensa de López siempre alegó que el único nexo que tenía con las FARC era su amistad con El Aissami. Aun así, un juez federal y luego una corte de apelaciones (la del 11º Circuito) determinaron que su vinculación con el narcotráfico venezolano era suficiente para hacerlo parte de la red y, por lo tanto, sujeto a que sus fondos se usaran para pagar a los afectados.
López impugnó el caso ante la Corte Suprema de Justicia. Pero el magistrado encargado, el juez supremo Clarence Thomas, se negó a revisar la apelación. Lo que en la práctica deja en vigor el fallo de la corte inferior que ordenaba el pago.
Su defensa planteó un último recurso de emergencia ante la también alta magistrada Sonia Sotomayor. Este lunes, como Thomas hace un mes, Sotomayor negó el recurso y abrió la puerta para el pago de la indemnización.
El proceso de este caso ante las cortes de EE UU es importante porque crea un precedente para que otras víctimas de las FARC o el ELN puedan buscar indemnizaciones en EE UU procedentes de fondos incautadas al régimen de Maduro y sus colaboradores.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington