Una muy polémica decisión adoptada este jueves por la Corte Suprema de Brasil le abrió las puertas de la cárcel al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a miles de presos con apelaciones pendientes, con un impredecible impacto político.
En un ajustadísimo fallo, definido apenas por un voto, el Supremo anuló una jurisprudencia establecida en 2016. Con esta, autorizó ejecutar una pena de prisión después de que se confirmara en segunda instancia, pese a que en esa fase quedaban aún dos apelaciones pendientes en tribunales superiores.
La nueva decisión señala que la prisión solo podrá ordenarse cuando, como establece la Constitución, se complete el tránsito en juzgado y se hayan agotado todos los recursos posibles, con lo que la culpabilidad estará plenamente determinada.
En el caso de Lula, el más célebre de los cerca de 5.000 presos brasileños que serían beneficiados, comenzó a cumplir en abril de 2018 una pena de ocho años y diez meses por corrupción tras ser condenado en segunda instancia.
La sentencia fue confirmada luego en una tercera instancia. Pero aún le resta una apelación que ya ha presentado ante el Supremo, que todavía no se ha pronunciado.
¿Cuestión de días?
La nueva jurisprudencia adoptada por el Supremo apunta que cada caso de personas en prisión con apelaciones pendientes deberá juzgarse en forma individual, una vez que los abogados del recluso lo pidan, y se concederá la libertad siempre y cuando no represente un riesgo para la sociedad.
La decisión no se aplicará a aquellos casos en que una persona ha sido condenada por un tribunal popular debido a un delito violento. Pero ese no es el caso de Lula ni de una veintena de condenados por la operación anticorrupción Lava Jato.
De esa manera, la libertad de Lula dependerá de que su abogado, Cristiano Zanin, la solicite al tribunal que está a cargo del caso.
Zanin tiene previsto visitar a Lula en la cárcel de Curitiba este mismo viernes. El abogado explicó en un comunicado que después de la conversación presentará un pedido para que se lleve a cabo su inmediata libertad.
Un impredecible impacto político
La defensa de Lula siempre alegó que su encarcelamiento tuvo como fin principal impedir su candidatura para las elecciones de 2018. En dichos comicios finalmente ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro.
El gobierno de Bolsonaro tomó parte en el juicio concluido este jueves y lo hizo a través de la Abogacía General de la Unión. Su titular, Andre Mendonça, quien tiene estatus de ministro, argumentó a favor de mantener la prisión tras la segunda instancia.
«La justicia ordinaria, hasta la segunda instancia, trata de los hechos, las pruebas y la construcción probatoria. En tanto que los tribunales superiores discuten cuestiones de derecho y de forma que no son para declarar inocencia, sino para revisar el trámite y el cumplimiento del debido proceso», afirmó Mendonça.
Bolsonaro no se manifestó inmediatamente después del juicio, pero sí lo hizo el Partido de los Trabajadores, fundado por Lula.
«La decisión es muy importante para fortalecer la democracia y la Constitución. Más aun, que son amenazadas por el gobierno de extrema derecha», dijo la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.
La diputada agregó que la decisión del tribunal reconoce que el ex presidente fue preso durante de forma ilegal por una decisión política.
El futuro de Lula libre
El hecho de salir de la cárcel no significaría el fin de los problemas judiciales de Lula, pues tiene pendientes otras causas por presunta corrupción. Aunque aún si fuera declarado culpable, la pena sólo se ejecutaría cuando acabe el proceso de apelaciones.
También ya acumula otra condena a doce años por otro caso, pero hasta ahora dictada solamente en primera instancia.
El PT no ha anunciado hasta ahora cuáles serán los primeros movimientos de Lula tras su eventual excarcelación. Pero fuentes del partido ya hablan de un gran acto político el día que deje la cárcel en Curitiba, y otro en un sindicato metalúrgico de Sao Paulo en el que comenzó su vida pública, como líder sindical.
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