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El Salvador expulsó a tres ejecutivos venezolanos en empresa ligada a Pdvsa

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El gobierno salvadoreño expulsó a tres venezolanos que ocupaban “altos cargos ejecutivos” en la empresa ALBA Petróleos de El Salvador.

Es una empresa ligada a la estatal Petróleos de Venezuela e investigada por supuesto lavado de dinero. La compañía fue investigada por “no contar con los permisos de trabajo respectivos”.

Una portavoz de la Dirección General de Migración y Extranjería explicó este jueves que los suramericanos, quienes percibían sueldos de entre 5.000 y 8.500 dólares, “abandonaron el país el pasado 3 de agosto”.

Señaló, sin detallar, que tanto a los venezolanos, que vivían en zonas residenciales de lujo, como a la empresa para la que trabajan, se les impuso una multa económica.

El portavoz de Migración añadió que las expulsiones de los extranjeros “obedecen a diversas legislaciones” que dictan “su aplicación”.

Estas comprenden la Constitución de la República, la Ley Especial de Migración y de Extranjería, y la Ley de Procedimientos Administrativos.

El 31 de mayo, la Fiscalía General de la República allanó la sociedad ALBA Petróleos y las empresas ALBA Alimentos de El Salvador, ALBA Gas y otras 24 relacionadas con esa sociedad. 

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha brindado más información sobre el proceso.

ALBA Petróleos fue formada en 2006 por la estatal Pdvsa y alcaldías del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ahora en la oposición.

La empresa mixta maneja una terminal y una cadena de distribución de combustibles en El Salvador y ha ampliado sus negocios hacia otros sectores económicos.

Desde 2012, ALBA Petróleos también opera ALBA Alimentos, que otorga créditos a campesinos y pequeños productores agropecuarios. Sus productos se distribuyen en el mercado local.

El responsable de liderar la millonaria inversión de la estatal Pdvsa en ALBA Petróleos de El Salvador fue el político salvadoreño José Luis Merino, a quien Estados Unidos pidió investigar por supuestos nexos criminales.

En julio de 2016, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, reveló que Merino era investigado desde 2014. Supuestamente traficaba drogas y armas con la guerrilla colombiana de las FARC.

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