Vestían de negro de arriba a abajo, cubriendo la cabeza con una capucha. No llevaban identificación, y entre sí, para comunicarse, utilizaban un idioma que apenas se había oído en esas latitudes tropicales. Empleaban armas y tácticas jamás vistas entre las fuerzas de seguridad locales, y munición de elevado calibre. Además, hablaban a gritos, y a duras penas se entendían con los manifestantes a los que debían reprimir. Eran los francotiradores rusos, las testa más visible del vasto despliegue de agentes de inteligencia y asesores de seguridad enviado por el Kremlin a Nicaragua desde hace cerca de una década para apuntalar al régimen aliado de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, dictadura dinástica a la que muchos analistas identifican mayúsculas similitudes con la Bielorrusia de Aleksándr Lukashenko.
Han transcurrido dos años desde que Fernando, universitario nicaragüense de 25 años que prefiere no revelar su verdadera identidad, abandonara para siempre a su hogar familiar en Managua en busca de un país seguro. Ahora, en un refugio en las cercanías de Monterrey, en el norte de México, accede a explicar sus encontronazos con estos extraños y aterradores seres venidos del frío. «Jamás en Nicaragua habíamos visto francotiradores; nos dábamos cuenta de que no eran de acá; se notaba que no nos entendían», rememora. El Gobierno de Ortega «intentaba ocultarlo, y como no había manera de integrarlos» en la policía local «sin que fuera soez; los vistió de negro», analiza.
Actuaban como si tuvieran patente de corso para hacer lo que quisieran en territorio nicaragüense. «Nos decían en su español limitado: ‘os vamos a matar; tenemos el permiso de vuestro presidente'», recuerda este refugiado. Eso sí. Hasta el día en que salió del país, el Gobierno nunca admitió la presencia de agentes foráneos en el país; el presidente «solo decía que los rusos enviaban recursos», sin más detalles.
Vasta participación rusa en el régimen de Ortega
La vasta participación de fuerzas y tecnología llegada de Rusia al país centroamericano para neutralizar las protestas antigubernamentales de 2018 en Managua, que se prolongaron durante meses y que provocaron 355 muertes, es corroborada por videoconferencia a El Periódico por Douglas Farah, exreportero de investigación de ‘The Washington Post’ para América Latina y en la actualidad presidente de IBI Consultants, asesoría de temas de seguridad. «Empleaban rifles especializados (rusos), como el T-5000 Tochnost», sostiene. Se trata de un arma de precisión, fabricada al 100% con componentes rusos y, según Rossískaya Gazeta, asumida desde su lanzamiento en 2011 por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, exKGB) y Rosgvardia, el cuerpo policial encargado de reprimir las protestas en el interior del país.
Francotiradores y fusiles de precisión no fueron las únicas herramientas proporcionadas por Rusia que permitieron al régimen orteguista hace seis años inclinar la balanza a su favor y aplastar una revuelta ciudadana que amenazaba con apartarle del poder. Las fuerzas de seguridad locales contaron con SORM-3, un poderoso programa informático que permite acceder a aplicaciones como WhatsApp y monitorear a los líderes de las protestas, acabando con ellos con inusitada eficacia mediante el asesinato. «Los estudiantes pensaban que sus conversaciones eran seguras; pero en seguida fueron identificados y matados», certifica Farah.
Desde las mencionadas protestas, la presencia de Rusia en Nicaragua, en un principio discreta y apenas reconocida oficialmente, no ha cesado de crecer hasta recibir certificación institucional. En febrero, ambos países firmaron un acuerdo que denominaron «de recapacitación profesional del personal en la esfera de la actividad policial», y entre cuyas provisiones se incluyen privilegios para el personal ruso desplazado, como la inmunidad civil y administrativa ante los tribunales, «para las acciones que realicen en el cumplimiento de sus funciones». En Managua, el Ministerio del Interior de Rusia mantiene abierto un edificio con estatus de sede diplomática con entre dos y cuatro pisos subterráneos. «Es una segunda embajada con equipos ultrasofisticados de monitoreo», describe Farah.
Al frente de las relaciones con el Kremlin en el ámbito de seguridad se encuentra el general Zhúkov Serrano, un hombre instruido en Rusia, procedente del área de inteligencia y nombrado en 2022 subdirector de la Policía Nacional. «Vino básicamente a implementar métodos aprendidos en Rusia y recibe apoyo técnico en Nicaragua de oficiales rusos», subraya Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Desarrollo en el ‘think tank’ Diálogo Interamericano. La visita que realizó en febrero pasado a Nicaragua Nikolái Pátrushev, entonces secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y ‘de facto’ número dos del régimen de Vladímir Putin, demuestra la enorme importancia que concede el Kremlin a su alianza con Managua, convertida en su plataforma en el continente.
La voluntad de pervivir a toda costa mediante el terror y en estrecha alianza con Moscú permite a muchos comparar al régimen de Ortega con el de Lukashenko. «Métodos y fuentes de apoyo pueden ser diferentes, pero el propósito de mantenerse en el poder mediante fuerza y control absoluto de la autoridad es casi idéntico», concluye Orozco.
Por Marc Marginedas
Saltillo / Monterrey (enviado especial)