El canciller del régimen, Jorge Arreaza, introdujo este jueves ante la Corte Penal de Justicia en La Haya, una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por la imposición de sanciones al país.
«Esta denuncia está debidamente sustentada, con análisis de expertos externos y dividida en diferentes sectores donde afectan las medidas coercitivas unilaterales», dijo Arreaza.
Aseguró que para estas acciones hay una política de Estado que atiende a las víctimas del bloqueo en Venezuela. «Más de 75% del presupuesto nacional está destinado a la salud, educación, alimentación, acceso al agua, al transporte», agregó.
Sin embargo, la cifras dicen otra cosa. El país atraviesa una profunda crisis política, social y económica que les somete en la cotidianidad.
Racionamiento de servicio eléctrico, de agua corriente, de combustible, de gas doméstico son solo algunos legados de la revolución.
La falta de mantenimiento e inversión por parte de estas empresas nacionalizadas a las instalaciones son algunos de los principales factores.
A esto se suma el éxodo masivo del personal calificado por la insuficiencia de los sueldos y la insostenibilidad de la situación en el país que dirige el régimen.