La Armada de México fue enviada al sureste del país el 19 de mayo para ocupar un tramo de ferrocarril gestionado por uno de los mayores conglomerados del país. Los críticos afirman que el presidente Andrés Manuel López Obrador expropió la línea ferroviaria a la industria privada. El presidente calificó las circunstancias de «ocupación temporal» y consideró el ferrocarril un asunto de seguridad nacional.
Los 75 kilómetros de ferrocarril en el estado de Veracruz están gestionados por la empresa de transporte de mercancías Ferrosur, filial de Grupo México, uno de los mayores conglomerados privados del país dirigido por el segundo hombre más rico de México, Germán Larrea Mota Velasco.
Al parecer, el gobierno de López Obrador y Grupo México han estado en conversaciones durante meses para poner fin a una concesión gubernamental de décadas de antigüedad que permitía a Ferrosur gestionar el tramo de vía férrea.
Según el presidente, las conversaciones comenzaron a fracasar cuando Grupo México solicitó más de 530 millones de dólares para poner fin a la concesión, una cantidad que López Obrador calificó de «abuso».
Ferrocarril
El presidente ha mostrado especial interés en el ferrocarril, ya que formaría parte de su planeado Corredor Interoceánico, también conocido como el corredor ferroviario del istmo de Tehuantepec, un megaproyecto de desarrollo que conectaría el Golfo de México con el Océano Pacífico en uno de los tramos de tierra más estrechos del continente, construyendo de hecho una ruta comercial competidora del Canal de Panamá.
Con una inversión inicial de alrededor de 440 millones de dólares, el proyecto contempla la rehabilitación de 190 millas de vía férrea y la restauración de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, así como la modernización de los aeropuertos internacionales de Ixtepec y Minatitlán.
Como ha hecho con otros grandes proyectos de desarrollo, López Obrador emitió un decreto el 19 de mayo, estableciendo la línea ferroviaria y su área circundante como un interés de seguridad nacional y una prioridad para el proyecto de desarrollo del istmo.
Grupo México emitió un comunicado expresando su preocupación por las acciones del gobierno.
«Actualmente, la negociación enfrenta una circunstancia difícil debido a la publicación del decreto de ocupación y la intervención de personal armado en sus instalaciones», se lee en el comunicado.
Los críticos de López Obrador le han acusado de expropiación.
La Marina tomó las instalaciones de Ferrosur. Esto es una pésima señal para el mundo, un duro golpe a la certidumbre, contra la inversión y el crecimiento económico.
Este gobierno está convirtiendo a los militares en los verdaderos operadores y beneficiarios de la voluntad y de…
— Marko Cortés (@MarkoCortes) May 19, 2023
El día de la ocupación, Carlos Loret de Mola, periodista y duro crítico del presidente, declaró: «El presidente que tantas veces dijo que no expropiaría nada, esta mañana envió a un comando de la Marina a tomar las instalaciones de una empresa privada que cotiza en bolsa y que forma parte de uno de los mayores grupos económicos de México».
Sin embargo, si la medida del gobierno cuenta como expropiación es un poco turbio.
La línea ferroviaria ocupada no es propiedad privada de Ferrosur ni del Grupo México. En 1998, el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo concesionó al Grupo México los tres tramos de vía que componen las 75 millas del ferrocarril, que debía gestionar Ferrosur. Dado que la propiedad es de dominio público al declarar la vía como un asunto de seguridad nacional el gobierno federal argumenta que está facultado para tomarla.
Comunidades indígenas protegiendo sus tierras contra el corredor interoceánico
Tierras indígenas tomadas para el Corredor Interoceánico
La ocupación del tramo de ferrocarril por parte de la Armada de México es pequeña comparada con la expropiación de tierras indígenas a lo largo del corredor por parte del gobierno para impulsar su proyecto de desarrollo.
Como parte del Corredor Interoceánico, López Obrador planea construir 10 parques industriales que serán licitados por inversionistas internacionales, incluyendo cuatro de los cuales, según ha dicho el presidente, serían parques eólicos financiados por Estados Unidos.
En febrero, López Obrador emitió un decreto por el que expropiaba 412 hectáreas de tierras comunales en Ciudad Ixtepec y 502 hectáreas en Santa María Mixtequilla, en el estado de Oaxaca, a lo largo del istmo.
Las comunidades indígenas de la región han denunciado impactos, como deforestación en sus tierras, daños a lagunas y pantanos, y han dicho que hasta la fecha el gobierno no ha presentado a las comunidades ningún estudio de impacto ambiental del proyecto.
Durante más de cuatro años, las comunidades indígenas se han movilizado para protestar contra el proyecto de desarrollo, y su resistencia ha detenido algunos de los planes del gobierno.
En 2021, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera detuvo la venta de 300 hectáreas de tierra en el municipio de San Blas Atempa que iban a utilizarse para el proyecto. Según la asamblea, el gobierno local falsificó las firmas de los propietarios para garantizar la venta de los terrenos al gobierno federal.
En toda la región se han producido movilizaciones contra el corredor. El mes pasado, campesinos de la comunidad Mixe reanudaron su bloqueo del tren del istmo, tras haber sido desalojados después de bloquear el proyecto durante más de 60 días.
El Corredor Interoceánico de México sigue atrayendo la atención de los inversores privados mientras los pequeños agricultores y los indígenas luchan por proteger sus tierras.
Por Jorge Antonio Rocha en Aztec Reports.
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