El plan del presidente de Argentina, Javier Milei, para estabilizar la maltrecha economía del país ingresa en su fase 2 con más incógnitas que certezas sobre el futuro del régimen cambiario y, fundamentalmente, sobre cómo y cuándo habrá una reactivación económica clara y una desaceleración sustancial de la inflación.
El viernes pasado, el gobierno argentino anunció que el programa de estabilización económica puesto en marcha en diciembre pasado por Milei entraba en su segunda fase, con foco en el saneamiento definitivo del balance del Banco Central, tras haber logrado en la primera parte recuperar el equilibrio fiscal mediante un fuerte ajuste de shock.
Entre otras cosas, el Banco Central de Argentina (BCRA) dejará de emitir dinero para financiar los intereses que paga por sus pasivos remunerados, el segundo mayor grifo de emisión luego del destinado a la financiación del déficit del Tesoro, considerado por el gobierno como la principal causa de la elevada inflación en Argentina (276,4% interanual y 4,2% mensual en mayo).
Para ello, los pasivos remunerados del Banco Central serán reemplazados por deuda del Tesoro: los bancos colocarán sus excesos de liquidez, ya no en Pases Pasivos (un tipo de instrumento emitido por el BCRA), sino en Letras de Regularización Monetaria, emitidas por el Tesoro.
«En contrapartida el Tesoro aumentará su deuda de mercado a tasa flotante y pagará más intereses, lo que exigirá mayor superávit primario para mantener el superávit financiero», observó la firma Delphos Investment en un informe.
Cómo hará el gobierno para prolongar el fuerte ajuste fiscal en un contexto aún de contracción económica y crecientes tasas de pobreza es una de las mayores incógnitas, más allá del aire fresco que cree haber conseguido con la reciente aprobación parlamentaria del paquete de reformas económicas impulsado por Milei.
Luego de este proceso la única fuente de emisión monetaria sería para la compra de dólares por parte del Banco Central con el objetivo de recomponer sus alicaídas reservas monetarias.
Y queda aún pendiente una solución al millonario volumen de ‘puts’, una especie de seguro de liquidez de títulos de deuda otorgado por el BCRA, que requerirá un acuerdo con los bancos.
El anuncio de la fase 2 se da en medio de crecientes dudas entre los inversores, quienes comienzan a ver como necesarios cambios en la política cambiaria para ir convergiendo hacia una unificación de los muchos tipos de cambio que coexisten en Argentina y la apertura del denominado ‘cepo cambiario’.
Sin embargo, el Gobierno dijo el viernes que el tan esperado levantamiento de las restricciones cambiarias, una de las principales promesas de la campaña que llevó a Milei a su triunfo electoral en 2023, quedará para una tercera fase del programa, sin plazo definido y sujeta al cumplimiento de ciertos «parámetros».
Para la consultora LCG, «el gobierno sigue enviando señales confusas» sobre el futuro de la gestión cambiaria y monetaria, camino que no está claro «a partir de mensajes borrosos de funcionarios y del propio presidente, quienes secuencialmente mencionaron diversas alternativas como dolarización, competencia de monedas (sin definiciones sobre qué sería), dolarización endógena, salida del cepo, etcétera».
Tampoco las condiciones para levantar el cepo esbozadas el viernes pasado por el equipo económico son muy precisas: «orden macroeconómico», «recuperación económica» y «profundización del proceso de desinflación», pero sin indicar cuáles son los «parámetros» cuantitativos.
De momento, el ‘cepo’ se mantiene y también el ritmo de devaluación de 2% mensual establecido por el gobierno, desafiando las presiones de una mayor devaluación implícitas en los tipos de cambio alternativos.
Esto podría derivar en una ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos, acrecentando la magnitud de la potencial devaluación que implicará en la anunciada fase 3 la salida del ‘cepo’ y el consiguiente salto inflacionario.
«El dilema es ajuste hoy versus ajuste mayor en el futuro. El combo es poco atractivo en términos políticos, especialmente de cara a las elecciones legislativas de 2025», observó la firma Consultatio Financial Services en un informe.