Advertencia: este artículo contiene detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores.
En la ciudad de Makeni, tres horas en auto al este de la capital de Sierra Leona, Freetown, Anita (no es su nombre real) describe el día de junio de 2023 en el que encontró a su pequeña hija con sangre goteando del pañal.
Él se llevó a mi hija. Dijo que era para comprarle dulces y galletas. Era mentira».
Cuando regresó del mercado, se dio cuenta de que la niña no estaba. Después de buscarla la encontró, pero la madre de 22 años pudo ver que la pequeña estaba sangrando.
La llevó al hospital. Le hicieron dos rondas de suturas y se confirmó que había sido violada.
«Las enfermeras comenzaron a revisar a la niña y dijeron: Dios mío, ¿Qué le ha hecho este hombre a esta niña? El médico que atendía a mi hija incluso lloró».
Anita acudió a la policía, pero el hombre huyó y un año después la policía no ha podido encontrarlo.
«El presidente creó una ley para que el que viole a niños sea arrestado y enviado a la cárcel», afirma enfadada porque al parecer no se ha hecho nada.
Se refiere a una ley más estricta sobre delitos sexuales creada hace cinco años, después de que el presidente Maada Bio declarara la emergencia por violación.
«Quiten las manos de nuestras hijas»
Las leyes están vigentes, pero las autoridades carecen de recursos para abordar el problema.
La medida se produjo después de las protestas de diciembre de 2018, cuando cientos de personas vestidas con camisetas blancas estampadas con las palabras «quiten las manos de nuestras hijas» marcharon por Freetown.
La noticia de otra violación infantil había conmocionado a la nación. Una niña de 5 años que quedó paralizada de la cintura para abajo.
Se informó entonces que los casos de violencia sexual casi se habían duplicado en un año y que un tercio afectaba a niños. Los sierraleoneses ya estaban cansados.
El estado de emergencia de cuatro meses a partir de febrero de 2019 permitió al presidente desviar recursos estatales para abordar la violencia sexual.
La Ley de Delitos Sexuales actualizada introdujo penas más estrictas para las agresiones sexuales.
Las penas por violación se incrementaron a un mínimo de 15 años, o cadena perpetua si se trataba de un niño.
Al año siguiente se creó en Freetown un Tribunal Modelo de Delitos Sexuales para acelerar los juicios.
Parece haber habido algunos avances: los casos denunciados de violencia sexual y de género se han reducido en casi 17%, de poco más de 12.000 en 2018 a poco más de 10.000 en 2023, según las estadísticas de la policía.
Crear mayor conciencia y nuevas estructuras es una cosa, pero asegurarse de que personas como la hija de Anita obtengan justicia, es otra.
La Iniciativa Rainbo es una organización benéfica nacional que trabaja con sobrevivientes de violencia sexual. Señala que en 2022 solo 5% de los 2.705 casos que manejó llegaron a la Corte Suprema.
Falta de recursos
Uno de los problemas son los recursos disponibles para quienes se supone deben hacer cumplir la ley.
En la comisaría de policía de Makeni donde Anita denunció la violación de su hija, el superintendente adjunto Abu Bakarr Kanu, que dirige la Unidad de Apoyo Familiar (UAF), dice que reciben alrededor de cuatro casos de agresión sexual infantil cada semana.
El presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, tomó la audaz medida de declarar una emergencia nacional por violaciones y violencia sexual en 2019.
Coordina las siete divisiones policiales de la región y ninguna de ellas cuenta con un solo vehículo.
«Hay ocasiones en que el sospechoso está localizable, pero debido a la falta de vehículos no es posible ir por él para arrestarlo», dice el superintendente adjunto Kanu.
«Hacer lo correcto en el momento adecuado es un desafío», expresó.
Como muchos en Sierra Leona, quedó impresionado con la acción gubernamental que siguió al estado de emergencia.
«Tenemos suficientes… buenas leyes y políticas, pero la estructura y el personal son para nosotros el desafío para abordar de manera integral los problemas de violencia sexual y de género en Sierra Leona».
Incluso si se detiene a un presunto perpetrador, llevarlo ante un juez es una lucha aún mayor.
Para que se pueda juzgar el caso contra un sospechoso de violación, sólo hay una persona en el país que puede firmar los documentos: el fiscal general.
El objetivo era acelerar el proceso y llevar los casos directamente a los tribunales, pero se ha creado un cuello de botella diferente.
«Actualmente no es posible que ningún otro funcionario judicial o abogado firme una acusación por delitos sexuales», dice el fiscal estatal Joseph AK Sesay, un abogado empleado por el gobierno.
«La enmienda de 2019 estipula que sólo el fiscal general puede firmar correctamente una acusación. Así que eso ha planteado un desafío a la hora de llevar las acusaciones a los tribunales».
Las penas por violación se incrementaron a un mínimo de 15 años, o cadena perpetua si la víctima es menor.
El ministro de Información, Chernor Bah, admite que éste no es un proceso perfecto, pero afirma que es «un proceso que seguiremos mejorando».
Ante la cuestión de que muchos creen que poco ha cambiado en lo que respecta a conseguir justicia para los sobrevivientes de violaciones, reconoció que en algunas comunidades la gente se siente así.
Pero rechaza la idea de que no haya habido avances.
«Creo que las reformas sistémicas que hemos implementado están ahí. Las nuevas leyes están ahí. Y creo que esas medidas han logrado una sensación general de que ya no estamos en los días oscuros de 2019″.
Para Anita, en Makeni, ha pasado casi un año desde que violaron a su hija pequeña.
No ha recibido nueva información de la policía, por lo que recurrió a publicar la foto del presunto sospechoso en Facebook.
«Quiero que la gente me ayude a buscar al joven. Estoy atormentada y no soy feliz. No quiero que le pase a ningún otro niño lo que le pasó a mi hija».
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