¿Es Juan Guaidó el representante de Venezuela y tiene poder para controlar sus bienes y, por tanto, el oro en el extranjero? Es la pregunta que un juez británico deberá responder tras cuatro días de audiencias que terminan este jueves.
Un tribunal comercial de la Alta Corte de Londres examina esta cuestión desde el lunes en el marco de una querella del Banco Central de Venezuela (BCV) contra el Banco de Inglaterra (BoE) para recuperar más de 30 toneladas de oro, valoradas en mil millones de dólares.
Las audiencias sobre este punto, que se dirimen en una causa a parte antes de abordar la entrega de los lingotes, deben terminar el jueves pero se desconoce cuándo anunciará su decisión el juez Nigel Teare.
Guaidó busca salvaguardar los bienes del país y «garantizar que no sean disipados por el régimen cleptócrata de Nicolás Maduro», afirmó durante la vista su abogado Andrew Fulton.
Preguntado por el tribunal, el gobierno de Boris Johnson respondió con una carta repitiendo palabra por palabra lo dicho por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, en febrero de 2019: que reconoce a Guaidó como «presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones creíbles».
Pero según el abogado Nick Vineall, fue un acto «meramente político» que no le otorga ningún poder. Y presentó múltiples ejemplos para demostrar que el ejecutivo británico ha seguido manteniendo «relaciones diplomáticas completas, recíprocas y normales» con la administración de Maduro a la que «reconoce inequívocamente» el control de las instituciones del Estado.
¿Qué poder se reconoce a Guaidó?
El reconocimiento de Guaidó por Londres, sumándose a sus socios europeos y otro medio centenar de países, se hizo «de manera un poco ambigua», admite a la AFP Diego Moya-Ocampos, experto sobre las Américas para el grupo londinense de análisis de riesgos IHS Markit.
«La corte debe decidir si tiene implicaciones suficientes como para que él válidamente nombrase una junta directiva del banco central», agrega.
Tras «invalidar» al presidente del BCV Calixto Ortega, en julio de 2019 Guaidó nombró su propia dirección de la institución, una decisión que poco después fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia del régimen.
Esta junta alternativa pidió al BoE que no entregase el dinero a Ortega para evitar que sea malversado y Fulton defendió que tras reconocer a Guaidó como jefe de Estado, la justicia británica no puede poner en duda sus nombramientos.
Defendió, además, que el TSJ es «una marioneta del régimen corrupto» de Maduro.
Este asegura necesitar los fondos para luchar contra la pandemia de covid-19, pero lo cierto es que lleva más de año y medio intentado sin éxito repatriar los lingotes desde Londres.
En opinión Moya-Ocampos, «el tema del coronavirus es simplemente un pretexto con que abordar la problemática bajo el argumento de la crisis humanitaria».
«Poco probable» que el oro vaya a Maduro
Como garantía de buena fe, el gobierno venezolano aseguró haber negociado que el dinero se trasfiera directamente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la compra de medicamentos y suministros médicos.
Preguntado por la AFP, el PNUD afirmó que «el gobierno de Venezuela le pidió que gestionase una parte de los recursos custodiados en el Banco de Inglaterra» y que el organismo «expresó su disposición a explorar esta posibilidad» en el marco de un eventual acuerdo entre el BCV y el BoE.
Según los últimos datos del World Gold Council, Venezuela posee 161,2 toneladas de oro.
En los últimos años, «la administración de Maduro ha venido vendiendo parte de las reservas de forma poco transparente y ese dinero no se ha utilizado para financiar ayuda humanitaria, ni tampoco ha entrado a las arcas del tesoro venezolano», afirma Moya-Ocampos.
Guaidó asegura que ha servido para el enriquecimiento personal de figuras del régimen y para reprimir a la población civil.
Por ese motivo, «es muy poco probable que la corte vaya a autorizar la transferencia de esos activos hacia la administración de Maduro», agrega el experto.
Los lingotes podrían simplemente permanecer en las cámaras acorazadas del BoE hasta que se celebren elecciones transparentes y surja un presidente reconocido como legítimo.
El resultado de este juicio puede sentar un precedente para otros fondos venezolanos bloqueados en el extranjero, señala Moya-Ocampos.