Las autoridades rusas lanzaron una contraofensiva para sofocar las protestas opositoras de los últimos años.
Encarcelamiento, persecución penal, registros y denuncias de injerencia extranjera son las medidas en contra de los opositores.
«Las protestas antigubernamentales han sido pacíficas. Es el gobierno el que está criando radicales con la represión policial. El que busca el conflicto es el Kremlin», dijo Serguéi Boiko, líder del Partido Libertario.
Las autoridades retomaron la iniciativa con una campaña para callar a los líderes de la protesta. Se encuentran casi todos bajo arresto e intimidados. En su mayoría, jóvenes que solo han conocido a un inquilino del Kremlin, Vladimir Putin, desde 1999.
El Comité de Instrucción de Rusia, el arma de investigación judicial del Kremlin, tiró la primera piedra al empezar un caso penal por «disturbios masivos».
Los defensores de los derechos humanos consideran este caso como fabricado. Son decenas de civiles los heridos en el desproporcionado uso de la fuerza de la policía.
Un total de 10 jóvenes fue imputado en dicho caso por acciones como arrebatar el casco a un funcionario antidisturbios. También lanzar una botella de plástico contra la policía o hacer indicaciones con la mano para dirigir a la multitud.
La justicia rusa dictó dos meses de prisión preventiva contra los jóvenes de entre 21 y 25 años de edad. Podrían ser condenados hasta por 8 años de cárcel. Esta medida ha causado indignación en Moscú.
«No hubo ningún disturbio. La policía utilizó (un modo violento), sin precedentes, contra los manifestantes. La ley dice que disturbios es cuando se vuelcan autobuses, se queman carros, se lanzan piedras. Nada de eso ocurrió. El Servicio Federal de Seguridad quiere una revolución para recibir nuevas privilegios», considera Boiko en referencia a la revuelta en la que fue derrocado el entonces presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich.
El Comité de Instrucción de Rusia anunció que investigará el lavado de 1.000 millones de rublos por parte de varios empleados del fondo de Navalni entre 2016 y 2018.
En los últimos años el Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni acusó a numerosos altos funcionarios de enriquecimiento ilícito. Entre ellos, Dmitri Medvédev, primer ministro. Más recientemente fue acusado el jefe de la Comisión Electoral de Moscú, Valentín Gorbunov, que se negó a registrar a los candidatos opositores en las elecciones municipales.
Los diputados y senadores se sumaron a la campaña contra la oposición, tanto los del partido del Kremlin, Rusia Unida, como los líderes de la oposición. Con esto abrieron una investigación sobre la injerencia extranjera en la vida política del país.
«Queremos aclarar qué Estado y con qué fin lleva a cabo dicha injerencia. También quién en Rusia recibió de manera ilegal apoyo y asistencia material del exterior. Incluso si ejerció de agente de un Estado extranjero», dijo Andréi Isáyev, vicepresidente de la fracción de Rusia Unida.
Isáyev explicó que figura la denuncia de la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, de que la Embajada de Estados Unidos colgó un mapa en su página web, con el itinerario de la marcha opositora del 3 de agosto.
«Ya dijimos que Estados Unidos y sus partidarios intentarían aprovechar las elecciones a la Duma de Moscú para organizar provocaciones», señaló Andréi Klimov.
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