El promotor de Justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, ha decidido abrir una investigación para desentrañar si se empleó información confidencial de manera ilícita para influir en el juicio del siglo en el Vaticano sobre delitos financieros, que ha terminado con la primera condena de prisión para un cardenal, el italiano Angelo Becciu.
El abogado italiano fue el fiscal jefe en este caso de diversas formas de delitos financieros, en el que había once acusados. En su mayoría, quienes se sentaron en el banquillo estaban relacionados con la compraventa fraudulenta de un edificio de lujo en Londres.
«Tan pronto como descubrí a través de la prensa la existencia de un acoso electrónico en relación con la Santa Sede, abrí un expediente, porque creo que alguien siguió nuestras investigaciones desde fuera», ha explicado Diddi al periódico italiano Il Tempo.
Esta nueva investigación ha surgido a raíz del escándalo apodado como dossieraggio. En el año 2022, un medio italiano publicó una serie de informaciones sobre los negocios de Guido Crosetto, recién nombrado ministro de Defensa por el gobierno de Giorgia Meloni, y al presentar este una denuncia por violación de confidencialidad, la investigación descubrió que un teniente de la Guardia Financiera italiana había filtrado a la prensa información de bases de datos altamente sensibles sobre lavado de dinero y crimen organizado. Posteriormente, se ha descubierto que este teniente, llamado Pasquale Striano realizó otras búsquedas, presuntamente llevadas a cabo sin autorización, del futbolista Ronaldo, del rapero Fedez y una novia de Berlusconi.
Según se afirma en Il Tempo, los investigadores también han podido concluir que Striano buscó información relacionada con figuras clave del juicio en el que Becciu fue finalmente condenado. En julio y octubre de 2019, el teniente de la policía financiera indagó acerca de Rafaelle Minicione, uno de los financieros italianos acusados de defraudar al Vaticano en la compraventa del edificio de Londres, que terminó en fraude.
Otras personas involucradas en el proceso judicial que aparecieron en el registro fueron Luciano Capaldo, consultor de la Secretaría de Estado del Vaticano (uno de los testigos clave), Gianluigi Torzi, implicado junto a Mincione en la operación de Londres, Fabio Tirabassi, exfuncionario de la Secretaría de Estado e imputado en el caso y Cecilia Marogna, una consultora de seguridad contratada por Angelo Becciu para ayudar a negociar la liberación de una monja secuestrada y condenada por desviar fondos del rescate para comprar artículos de lujo.
Diddi ha explicado que «abrir un expediente es necesario, aunque por el momento es contra partes desconocidas», ya que no está claro si alguna de las informaciones extraídas fueron utilizadas para influenciar en el juicio, aunque el fiscal ha resaltado la necesidad de investigar esta posibilidad.