El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) volvió a pedir este martes que se le libere de la prisión preventiva de 32 meses, que cumple por intentar dar un golpe de Estado en diciembre pasado, e insistió en que no cometió los delitos de rebelión ni conspiración que le atribuye la Fiscalía.
Castillo, que anteriormente ha presentado ese pedido sin éxito ante los tribunales, intervino de manera virtual ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el magistrado Juan Carlos Checkley.
El juez realizó una audiencia en la que escuchó los argumentos de la defensa de Castillo para haber solicitado una excepción de improcedencia de acción, en la que pide no ser investigado por el delito de rebelión.
Tras la exposición de su defensa, Castillo tomó la palabra para asegurar que está «convencido de que la Procuraduría y el Ministerio Público no pueden sustentar un supuesto delito» que le imputan.
«Señor juez, pido que usted emita una decisión correcta en función a los argumentos de mi defensa, sin ningún tipo de apasionamiento, sin parcialización en mi contra», señaló.
Agregó que la decisión de Checkley debe ser «firme en honor a la justicia, sin ninguna presión mediática, correcta y no con supuestos».
«Yo no cometí el delito de rebelión ni conspiración, pido la decisión firme para obtener mi libertad, de la que estoy privado injustamente», concluyó.
Defensa de Castillo
Los argumentos de Castillo y su defensa fueron replicados por la Fiscalía, que pidió al juez que rechace el pedido y ratifique la vigencia de la prisión preventiva dictada contra el exmandatario.
Tras escuchar los informes de las partes procesales y a Castillo, el juez informó que expedirá una resolución y la notificará en el plazo que establece la ley peruana.
El expresidente cumple en el penal limeño de Barbadillo, donde también está preso el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), 36 meses de prisión preventiva por el fallido golpe de Estado que intentó dar en diciembre, además de 18 meses de prisión preventiva por un presunto caso de corrupción al interior de su gobierno.
En su mensaje a la nación del 7 de diciembre, Castillo anunció la conformación de un Ejecutivo de emergencia que gobernaría por decreto, la reorganización del sistema de justicia y el cierre del Congreso, además de la convocatoria a una asamblea constituyente.
En los últimos meses, Castillo ha pedido en reiteradas ocasiones al Poder Judicial, mediante apelaciones, amparos y otros recursos, que anule la prisión preventiva y el proceso por rebelión en su contra, aludiendo una supuesta vulneración de su derecho al antejuicio político, proceso que está a cargo del Congreso, con el que mantuvo una dura pugna durante su gestión.