El Parlamento Europeo fue este miércoles escenario de un nuevo choque español a cuenta de la situación del Estado de derecho en el país, un debate auspiciado por el PP en el que afloraron polémicas recientes como la renovación de los órganos judiciales, las rebajas de condenas por la ley del “Solo sí es sí” o la reforma del Código Penal.
Antes del debate, en el que casi la mitad de la treintena de eurodiputados que participaron eran españoles, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, explicó al pleno que Bruselas está analizando si las rebajas de penas para el delito de malversación incluidas en la reforma del Código Penal cumplen con los estándares europeos, en particular con los de protección de los intereses financieros del bloque.
Además, insistió en que la renovación del Consejo General del Poder Judicial debe ser una prioridad y consideró importante el reciente nombramiento de cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional, porque el funcionamiento de los órganos constitucionales es fundamental para el Estado de derecho.
El debate de los diputados lo lanzó la popular Dolors Montserrat, por el hecho de que fue su grupo europeo el que optó por incluir este tema en la agenda del pleno gracias a que disponían del turno rotatorio para elegir un debate de actualidad.
“España sufre una preocupante deriva de degradación democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones del actual gobierno”, dijo Montserrat, que aseguró que las cesiones vienen de los que buscan acabar con España y acusó al gobierno de no querer renovar el CGPJ ni reformar su modelo de elección.
El primero en contestarle fue el socialista Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia bajo José Luis Rodríguez Zapatero, que afirmó que el bloqueo del CGPJ es exclusiva responsabilidad de un PP que no ha sabido reconocer el resultado de las urnas.
“Cualquier presidencia semestral (del Consejo, que España comenzará en julio) es una ocasión preciada para mostrar unidad en un compromiso europeísta. Señores del PP, ¿no les da vergüenza perder míseramente esa oportunidad para mostrar su confrontación con el gobierno?”, incidió López Aguilar.
Desde Ciudadanos, Jordi Cañas quiso hacer un paralelismo entre las actitudes del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por “querer cambiar las mayorías del nombramiento de miembros del poder judicial”, entre otras decisiones, aunque insistió en que “España no es Pedro Sánchez, ni el gobierno ni sus cómplices separatistas y comunistas”.
Ernest Urtasun (Catalunya en Comú) coincidió con López Aguilar en señalar que “el boicoteo del PP” cuando no ganan las elecciones “es el motivo por el que hay miembros del CGPJ cuyo mandato está caducado” y lamentó el “ejercicio de deslealtad” de la oposición, que le preocupa de cara a la presidencia española del Consejo.
“La presidencia será un éxito a pesar de ustedes”, añadió.
Desde la bancada de Vox, Jorge Buxadé recuperó el argumento que había esgrimido ya con la visita al Parlamento Europeo en Bruselas de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y acusó al gobierno de apoyar leyes de forma fraudulenta y a Sánchez de ser el “Gran Hermano” que ha “prohibido hacer nombramientos” en el poder judicial y quiere “corromper las instituciones”.
Sira Rego (IU), por su parte, tildó el debate auspiciado por el PP de “instrumental” para “cuestionar la legitimidad del gobierno de coalición en España, al puro estilo de la extrema derecha en otros lugares del mundo”, y aseguró que el actual gobierno es “uno de los que más avances en derechos y en democracia ha impulsado en estos años”.
Coincidió en el argumento la eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop, que criticó las “ambiciones electoralistas” de un PP “que pretende difundir la idea de que el gobierno español es ilegítimo solo porque no es el suyo”.
“Dicen que el cambio (judicial) lo exige Europa, pero lo único que la Comisión nos ha recomendado es que se proceda de inmediato a la renovación del CGPJ, que es lo que impide el Partido Popular”, dijo la diputada de Podemos.
Para la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao, el caso de las rebajas de penas a delincuentes sexuales derivados de la ley del “Solo sí es sí” es un “problema de técnica jurídica” que el PP presenta como un “intento de favorecer a los delincuentes sexuales”; en este sentido, pidió “bajar el tono y encontrar solución acordando un texto mejor en las Cortes”.
Esta “receta”, dijo, se puede aplicar también al “problema más profundo” de la independencia judicial, ya que los bloqueos en los órganos judiciales “nacen de un bipartidismo que ya no existe”.
Desde ERC, Diana Riba apuntó como amenazas al Estado de derecho español a un sistema judicial “que transitó del franquismo a la democracia sin reformas”, la criminalización de la participación y movilización de la sociedad civil o la corrupción, y confió el mismo empeño que se ha puesto en el debate hacia “corregir las muchas deficiencias democráticas que hace décadas que se arrastran”.
Y Clara Ponsatí (JxCat) acusó al PP de instrumentalizar el debate parlamentario europeo y aseguró que los gobiernos en España han tenido “jueces afines que miran hacia otro lado” y recurrido al espionaje, al tiempo que también recriminó al PSOE “estar encubriendo” junto al PP “la corrupción escandalosa de la corona española”.