El Movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa, pidió una investigación y la repetición de las votaciones en las circunscripciones electorales del exterior, tras los problemas registrados en el sistema de votación telemática aplicado en los comicios del pasado domingo.
La prefecta de la provincia de Guayas, Marcela Aguiñaga, que preside a la Revolución Ciudadana en Ecuador, indicó a periodistas que ha solicitado a la Fiscalía del Estado que investigue los problemas registrados en el sistema telemático que afectaron la votación de muchos emigrantes ecuatorianos en el exterior.
«La Revolución Ciudadana, como organización política, pedimos a la Fiscalía que investigue y se convoque a nuevas elecciones en las circunscripciones del exterior, para que nuestros hermanos migrantes expresen su voluntad en las urnas» de votación, remarcó Aguiñaga.
Ciberataques a las votaciones
El pasado domingo, muchos emigrantes ecuatorianos se quejaron de no poder acceder al sistema telemático aplicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que achacó las dificultados a ciberataques originados en siete países distintos.
El mismo domingo, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, denunció, sin dar más detalles, que el sistema del voto en el exterior había sufrido ciberataques desde India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China.
Aguiñaga dijo que hay dos tipos penales que debería investigar la Fiscalía, uno relacionado con la figura de «atentar contra la integridad de los sistemas informáticos» y por la «obstaculización del proceso electoral».
Aseguró que incluso la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha advertido de la posibilidad de que Ecuador no estuvo preparado para implementar el sistema telemático de votación.
Repetición de comicios
En su informe preliminar, la misión de la OEA recomendó al Estado ecuatoriano investigar los ataques sufridos por la plataforma de voto telemático y al CNE «hacer una reflexión seria y profunda sobre si esta modalidad de votación realmente garantiza el derecho de los ecuatorianos en el exterior a votar con los niveles necesarios de seguridad, integridad y transparencia».
Aguiñaga pidió que se vuelvan a realizar los comicios en las tres circunscripciones electorales del exterior, que corresponden a países de Europa, Asia y Oceanía; Estados Unidos y Canadá; y América Latina, El Caribe y África.
Algo más de 120.000 ecuatorianos en el extranjero se habían inscrito para votar en los comicios del domingo a través del sistema telemático, pero apenas 25.000 lo hicieron.
La presidenta de Revolución Ciudadana insistió en su pedido para que «se convoque a nuevas elecciones en el exterior, en las tres circunscripciones», tomando en cuenta que hay informes de varias misiones de observación electoral que señalan que el sistema «falló».
Y es que, además, cada una de dichas circunscripciones designa a dos personas (en total seis) para integrar la futura Asamblea Nacional (Parlamento), compuesta por 137 legisladores.
El pasado domingo los ecuatorianos acudieron a las urnas de votación para elegir presidente, asambleístas y definir un plebiscito que ordenó cesar la explotación de petróleo del Bloque 43-ITT, situada en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana.
La correísta Luisa González y el empresario Álvaro Noboa, de entre ocho candidatos presidenciales, obtuvieron las mayores votaciones y se ganaron el derecho a pasar a una segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre.
Estos comicios surgieron en mayo pasado cuando el actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, aplicó la llamada «muerte cruzada», un mecanismo constitucional que le permitió disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones extraordinarias que, a la vez, supuso el recorte de su mandato.
Por ello, quien gane la segunda vuelta electoral completará el periodo 2021-2025 que le correspondía a Lasso, pero que se truncó al aplicar la «muerte cruzada», emitida justo cuando el Parlamento se disponía a votar una moción de destitución en su contra en un juicio político por presunta corrupción.