Tres senadores de Estados Unidos pidieron al gobierno de Donald Trump que explique si conocía de un intento de ataque con participación de ex militares estadounidenses contra Nicolás Maduro. Preguntaron si fondos de Washington se destinaron a ese operativo.
«Maduro es un dictador y el pueblo venezolano merece vivir nuevamente en una democracia; pero eso solo se logrará a través de una diplomacia vigorosa y efectiva, no de aventuras militares», reza la misiva.
La carta está dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, al fiscal general, William Barr, y al director interino de Inteligencia Nacional, Richard Grenell.
En la carta, los senadores Chris Murphy, Tim Kaine y Tom Udall, todos del Partido Demócrata e integrantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, piden explicaciones sobre el intento de invasión marítima en las costas cercanas a Caracas denunciado por el régimen.
Entre el domingo y el lunes, las autoridades venezolanas interceptaron dos intentos de intervención marítima en los estados de Aragua y La Guaira, cercanos a Caracas, en los que murieron ocho personas y fueron detenidas otras 18.
Según las pruebas difundidas por el régimen, entre los arrestados se encuentran dos ciudadanos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, ambos ex militares y que contaban con una identificación de la contratista militar Silvercorp.
Responsabilidad
Este miércoles, el estratega político venezolano Juan José Rendón, responsable del Comité de Estrategia del opositor Juan Guaidó, admitió haber firmado un contrato con un representante de Silvercorp, Jordan Goudreau, al que pagó 50.000 dólares, para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del régimen.
«O bien el gobierno de Estados Unidos no estaba al tanto de estas operaciones planificadas, o estaba al tanto y les permitió proceder. Ambas posibilidades son problemáticas», afirman los senadores en la misiva.
En la carta, los senadores recuerdan que en la ley «Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development Act» (VERDAD, en inglés), promulgada por Trump en diciembre pasado, Washington apoya avanzar «en una solución negociada y pacífica a la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela».
«Los ataques armados, incluso si son realizados por actores independientes, van en contra de esa política», puntualizan los legisladores, y alertan que incursiones de ese tipo «perjudican las perspectivas de una transición pacífica y democrática en Venezuela al insinuar que una intervención armada es una opción viable para resolver la crisis» de ese país.
Los senadores solicitan, en concreto, que la Administración responda, incluso de forma clasificada, si era consciente, ya sea directamente o por medio del gobierno colombiano, de los planes de Goudreau y de su comunicación con asesores del líder opositor venezolano Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoce como presidente interino de Venezuela.
Además, si se tomaron medidas para evitar esa acción o si el gobierno estadounidense brindó algún tipo de apoyo de forma directa o indirecta a esa operación.
También piden que exprese su opinión sobre esa acción, al tiempo que solicitan se les informe sobre los pasos que se están tomando en busca de la liberación de los estadounidenses detenidos y si se ha garantizado que fondos del país no estén implicados en el mencionado contrato, entre otros.
La denuncias del plan contra Maduro han vuelto a tensar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, rotas desde enero del año pasado; aunque este miércoles Trump anunció de forma sorpresiva la designación de James Broward Story como su embajador «extraordinario y plenipotenciario» en Venezuela, el primer representante de ese rango después de que en 2010 el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) expulsara al ese entonces enviado de Washington, Patrick Duddy.
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