La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió este martes a Juan Guaidó que, como presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la Presidencia de la República, designe una junta directiva de Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en Estados Unidos.
De esta forma, consideró el grupo en el exilio, los recursos provenientes de esta empresa no serían despilfarrados por la banda de delincuentes que está «usurpando» el poder en Venezuela, en referencia a Nicolás Maduro.
Veppex indicó en su comunicado que los ingresos de Citgo podrían utilizarse para que un gobierno de transición pueda operar eficientemente para rescatar el hilo constitucional y devolverle la tranquilidad al pueblo venezolano.
En este mismo sentido, Veppex indicó que le corresponde al Ejecutivo nacional, específicamente al presidente de la república, designar la junta directiva de esta empresa (Citgo) que es de los venezolanos.
El grupo del exilio señaló que apoyan las convocatorias y decisiones del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó siempre y cuando vayan en beneficio del sentimiento de libertad del pueblo de Venezuela.
La petición de Veppex llega después de que una veintena de ex jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos reconocieron este lunes como presidente encargado de Venezuela a Guaidó, días después de que Maduro asumiese el 10 de enero un segundo gobierno después de haber obtenido la reelección en unos comicios señalados de fraudulentos y en los que no participó el grueso de la oposición.
Citgo es una de las principales fuentes de divisas para el Estado venezolano, que sufre una acentuada crisis económica y adolece de fuentes de liquidez. Además. tiene una capacidad combinada de unos 749.000 barriles de crudo por día, lo que la sitúa como la sexta empresa del sector en Estados Unidos, señala la empresa en su web.
La petrolera, cuyas tres refinerías en EE UU reciben buena parte del crudo venezolano, se encuentra, sin embargo, envuelta en una disputa legal que podría derivar en su subasta para poder pagar una deuda de 1.400 millones de dólares con la minera canadiense Crystallex contraída por Venezuela cuando las autoridades del país expropiaron la mina Las Cristinas en 2008.